Mientras la Fiscalía investiga si existe algún vínculo entre estos crímenes y el ejercicio periodístico, la incertidumbre crece y la ineficacia de las autoridades deja mucho que desear. Por su parte, el organismo encargado de la protección a periodistas, la CEAPP, se dedica a emitir condolencias. Su función, durante los años que lleva Rocío Nahle en el gobierno, no ha servido para nada. Está integrada por funcionarios que dejaron de ser periodistas para convertirse en complacientes con el poder.

“¿Debe desaparecer?”, le preguntaron hoy los reporteros a Rocío Nahle.

¡No! Lo que se debe hacer es cambiar la dirección del organismo, transparentar los recursos que ha aplicado y dar a conocer cuántos periodistas se han beneficiado de sus programas. ¿Qué están haciendo para evitar agresiones y crímenes contra periodistas? La respuesta contundente es: nada.

El organismo se convirtió en un instrumento de acompañamiento del gobierno actual, pasando a ser juez y parte en los casos de agresiones contra comunicadores. Alguien le quedó mal a la gobernadora al integrar a este organismo con personas que no tienen el menor sentido común ni sensibilidad hacia los periodistas.

¿Cómo puede ser que se gasten grandes cantidades de dinero en emitir condolencias, así como en supuestas capacitaciones y apoyos a periodistas, cuando lo que se requiere es colaboración con las autoridades de los tres niveles de gobierno y una exigencia permanente de respeto a la libertad de expresión, así como de protección a la vida y la integridad de los periodistas, sin importar sesgos partidistas o simpatías hacia quienes están en el poder?

¿Cómo pueden afirmar que privilegian la protección a los periodistas si es el propio titular quien funge como vocero cotidiano del gobierno?

Es muy lamentable que se sigan acumulando agresiones contra la prensa. Mi solidaridad con Edgar Hernández, un periodista de toda la vida en Veracruz, crítico, agudo, de gran experiencia y ampliamente reconocido dentro del gremio periodístico.

Quienes llevamos años, e incluso toda una vida, en los medios de comunicación lamentamos profundamente que ocurran actos que sugieren o generan sospechas de acoso contra periodistas por parte del poder.

Le preguntaron a la gobernadora Rocío Nahle si debe desaparecer el organismo. Ojalá que no. Lo que debe hacerse es cambiar a quienes lo dirigen, quienes fueron electos e impuestos, en su mayoría, por personas que llegaron desde el gobierno para entorpecer, incluso, a la propia administración de Rocío Nahle.

Con una prensa mayoritariamente en contra, los costos políticos pueden ser impredecibles. Lo mejor que se puede hacer es integrar al organismo a periodistas comprometidos con el gremio y sensibles a las causas de los periodistas del estado.

De lo contrario, continuará la indefensión de la comunidad periodística, que hoy grita con fuerza: ¡ya basta!

 

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