Porque si algo evidencia esta tragedia es la ausencia de una vigilancia ambiental eficaz. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) tienen entre sus atribuciones inspeccionar, supervisar y sancionar a quienes incumplen la normatividad ambiental. No obstante, para la mayoría de los ciudadanos resultan organismos prácticamente invisibles. Nadie recuerda informes periódicos sobre inspecciones en la Cuenca del Papaloapan. Pocos conocen sanciones ejemplares contra empresas contaminantes. Menos aún pueden señalar casos donde se haya obligado a reparar integralmente el daño ecológico causado.
Lo más preocupante es que los propios pobladores aseguran que no es la primera vez que sucede. Legisladores y representantes sociales han señalado que desde hace años se registran episodios similares relacionados con descargas de alcoholeras, ingenios y otras industrias asentadas en la región. Si esto es cierto, entonces no estamos frente a un accidente aislado, sino ante una cadena de omisiones institucionales que permitieron que el problema creciera hasta alcanzar dimensiones catastróficas.
La Cuenca del Papaloapan no es cualquier cuerpo de agua. Es una de las regiones hidrológicas más importantes del país, sustento de miles de familias dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería. Su deterioro no sólo implica la pérdida de biodiversidad; representa también la destrucción de economías locales enteras y una amenaza para la salud pública.
Por ello, la sociedad tiene derecho a exigir respuestas claras. ¿Cuántas inspecciones realizaron Profepa y PMA en los últimos años a las industrias de la zona? ¿Cuántas sanciones impusieron? ¿Cuántas clausuras ejecutaron? ¿Cuántos monitoreos permanentes del agua se realizan y dónde pueden consultarse? Si las dependencias existen para proteger el medio ambiente, es momento de que demuestren con hechos que cumplen su función.
La mortandad de peces debe convertirse en un punto de inflexión. No basta con tomar muestras, abrir expedientes o prometer investigaciones. Los responsables, si se comprueba su participación, deben enfrentar sanciones ejemplares y asumir los costos de la remediación ambiental. Pero también debe revisarse el desempeño de las instituciones encargadas de vigilar que esto nunca ocurriera.
Porque cuando un río muere, no sólo fracasa una empresa. También fracasa el sistema de vigilancia que permitió que llegáramos a ese extremo. Y en el Papaloapan, el olor de los peces muertos comienza a confundirse peligrosamente con el olor de la impunidad.
Al tiempo.
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