Basta recorrer las calles de Xalapa para entender su importancia. La capital del estado concentra una gran parte de la población pensionista de Veracruz. Maestros, administrativos, trabajadores estatales, empleados universitarios y servidores públicos de múltiples generaciones dependen mes con mes de que el Instituto cumpla puntualmente con sus obligaciones.
Detrás de cada depósito existe mucho más que una simple transferencia bancaria. Existe la tranquilidad de una familia, la posibilidad de acceder a medicamentos, de pagar servicios, de sostener la economía doméstica y, en muchos casos, de apoyar incluso a hijos y nietos que siguen enfrentando condiciones económicas complejas.
Por ello resulta relevante observar lo ocurrido durante los últimos 89 meses. Desde que Daniela Griego Ceballos y su equipo asumieron la conducción del organismo, el Instituto pasó de ser un foco permanente de preocupación financiera a convertirse en una institución que recuperó confianza y certidumbre.
No se trata de un milagro financiero. Se trata de orden administrativo, disciplina institucional y una estrategia orientada a fortalecer los ingresos del sistema solidario de pensiones.
El modelo del IPE no opera mediante cuentas individuales como las Afores. Su esencia es distinta. Se trata de un acuerdo intergeneracional donde los trabajadores activos aportan para financiar las pensiones de quienes ya concluyeron su vida laboral. Es un esquema basado en la solidaridad social y en la confianza institucional.
Actualmente, cada trabajador aporta el 12 por ciento de su salario de cotización, mientras que los entes públicos incorporados contribuyen con el 20 por ciento correspondiente a la aportación patronal. Gracias a ello, durante 2025 el Instituto registró ingresos superiores a los 12 mil 467 millones de pesos, de los cuales más de 6 mil 656 millones provinieron precisamente de cuotas y aportaciones.
Sin embargo, más allá de las cifras, el dato verdaderamente relevante es otro: el IPE ha logrado convertirse en un factor de estabilidad política para el Gobierno del Estado.
Cuando un pensionado recibe puntualmente su ingreso, cuando mantiene vigente su cobertura médica y cuando tiene certeza sobre su futuro económico, la tensión social disminuye. Cuando eso no ocurre, los conflictos aparecen rápidamente.
La historia reciente de México ofrece múltiples ejemplos de sistemas pensionarios colapsados que terminaron convirtiéndose en crisis políticas de gran magnitud. Veracruz, afortunadamente, ha logrado evitar ese escenario.
Por ello resulta indispensable comprender que el IPE no es únicamente una dependencia financiera. Es una herramienta de cohesión social. Es una institución que protege a quienes construyeron el aparato público estatal durante décadas y que, al mismo tiempo, brinda certidumbre a los trabajadores activos que algún día aspirarán a una jubilación digna.
En tiempos donde la polarización política domina prácticamente cualquier debate, vale la pena reconocer que existen instituciones cuya estabilidad trasciende colores partidistas y coyunturas electorales.
El IPE es una de ellas.
Y quizá por eso mismo merece ser analizado con mayor profundidad, porque detrás de cada pensión pagada puntualmente no sólo existe una obligación cumplida. Existe también una pieza fundamental de la gobernabilidad de Veracruz.
Mañana: Segunda entrega: ¿Está realmente asegurada la viabilidad financiera del IPE? El debate sobre el FAFEF, la Reserva Técnica y las decisiones que podrían definir el futuro del sistema pensionario veracruzano.
Al tiempo.
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