Toda interrupción del servicio eléctrico implica una suspensión del suministro, pero no toda interrupción constituye un apagón. El apagón representa la pérdida total e inesperada de energía en una zona determinada, generalmente como consecuencia de fallas relevantes en la infraestructura eléctrica, sobrecargas del sistema o deficiencias en la generación y transmisión. La interrupción del servicio es un concepto técnico mucho más amplio, que puede incluir cortes programados para mantenimiento o suspensiones momentáneas por diversas causas.
Es decir, todo apagón es una interrupción del servicio, pero no toda interrupción del servicio es un apagón.
El problema es que cuando colonias enteras, municipios completos y regiones del país permanecen durante horas sin electricidad, el ciudadano no necesita un diccionario técnico para saber que vive un apagón. Lo experimenta en carne propia. Lo sufre. Lo paga.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, que no presume títulos de ingeniero ni pretende dar clases de ingeniería eléctrica, resume el asunto con una lógica aplastante: cuando una instalación deja de recibir mantenimiento durante años, cuando transformadores envejecidos siguen operando por encima de su capacidad y las redes de distribución se deterioran sin renovación suficiente, el resultado inevitable son las fallas. No hace falta un doctorado para entender lo que cualquier electricista de barrio explica en cinco minutos.
Ahí aparece otro dato incómodo que el oficialismo preferiría mantener en penumbras. Durante años, la Comisión Federal de Electricidad estuvo encabezada por Manuel Bartlett. Nadie podría atribuirle experiencia técnica en sistemas eléctricos. Su trayectoria política se construyó en otros terrenos bastante más polémicos. Su nombre quedó asociado para siempre a la célebre "caída del sistema" electoral de 1988, además de múltiples cuestionamientos públicos sobre su patrimonio. Sin embargo, la modernización integral de la infraestructura eléctrica jamás apareció como una prioridad visible de su administración.
Hoy comienzan a cobrarse las facturas de ese abandono.
Durante décadas la red eléctrica nacional fue creciendo mientras buena parte de su infraestructura envejecía. El incremento de la demanda provocado por el crecimiento urbano, la expansión industrial, el uso intensivo de sistemas de aire acondicionado y las temperaturas extremas exige inversiones permanentes, sustitución de equipos obsoletos y mantenimiento preventivo constante. La electricidad no admite discursos ideológicos: requiere ingeniería, planeación y recursos.
Pero en la política contemporánea parece más rentable administrar narrativas que resolver problemas. Si la inflación incomoda, se minimiza. Si aumenta la violencia, se relativiza. Si aparecen apagones, simplemente dejan de llamarse apagones.
El riesgo de esta estrategia es enorme. Un gobierno que comienza modificando el lenguaje termina desconectándose de la realidad. Y cuando el discurso oficial insiste en negar lo que millones de ciudadanos experimentan todos los días, no sólo se erosiona la credibilidad institucional: también se rompe la confianza entre gobernantes y gobernados.
Porque el país no necesita nuevos eufemismos. Necesita transformadores nuevos, líneas eléctricas modernas, mantenimiento permanente, planeación técnica y funcionarios capaces de reconocer los problemas antes de intentar maquillarlos con definiciones administrativas.
Porque cuando el gobierno pretende iluminar la realidad cambiándole el nombre a los apagones, lo único que demuestra es que la oscuridad más peligrosa no está en la red eléctrica, sino en el discurso del poder.
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