La inversión de 6.6 millones de pesos anunciada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia es bienvenida. Más de cinco millones destinados a El Tajín permitieron actualizar un museo que permaneció cerrado durante casi una década, mientras que poco más de un millón y medio sirvió para rescatar la Casa del Gobernador en San Juan de Ulúa.
La pregunta incómoda es otra.
¿Dónde estuvo esa urgencia durante los años de deterioro?
Porque mientras los edificios envejecían, la humedad avanzaba, las filtraciones dañaban instalaciones y miles de turistas encontraban espacios limitados o cerrados, las autoridades culturales parecían administrar la resignación con una eficiencia admirable.
El Tajín no es cualquier sitio arqueológico. Es una de las ciudades prehispánicas más importantes de Mesoamérica. Fue un centro político, religioso y comercial cuya influencia alcanzó amplias regiones del Golfo de México. Sus relieves, su arquitectura y su extraordinaria concentración de canchas para el juego de pelota representan un patrimonio único en el mundo.
Por su parte, San Juan de Ulúa no es únicamente una fortaleza frente al mar. Es un libro de piedra donde se escribieron algunos de los capítulos más trascendentes de la historia nacional. Fue puerto estratégico de la Nueva España, prisión, bastión militar y escenario de conflictos que marcaron la construcción del país.
Sin embargo, durante años ambos espacios fueron víctimas de un fenómeno profundamente mexicano: la tendencia a considerar la cultura como un gasto prescindible y no como una inversión estratégica.
Los gobiernos suelen comprender rápidamente la rentabilidad política de inaugurar carreteras, distribuidores viales o edificios administrativos. Las obras culturales rara vez producen fotografías espectaculares para campañas electorales. Por eso suelen quedar atrapadas en la lista de prioridades secundarias.
El problema es que el abandono cultural termina generando costos mucho mayores.
Cada año que un museo permanece cerrado representa pérdida de visitantes, menor actividad económica para las comunidades cercanas, menos oportunidades educativas para estudiantes y una progresiva desconexión entre la sociedad y su propia historia.
Por eso resulta especialmente valioso que la reapertura no se limite a una mano de pintura. La incorporación de las monumentales columnas del Edificio 42 en El Tajín, la exhibición de las llamadas Joyas del Pescador en San Juan de Ulúa y la inclusión de una sala dedicada a la afrodescendencia representan avances significativos en la forma de narrar nuestra historia.
Pero tampoco hay que caer en la tentación del triunfalismo burocrático.
La verdadera prueba no será cortar el listón ni organizar ceremonias de reapertura. El reto consiste en garantizar recursos permanentes para mantenimiento, conservación, investigación y actualización de contenidos. De nada servirá celebrar hoy si dentro de algunos años volvemos a escuchar los mismos discursos justificando nuevos cierres por falta de presupuesto.
Veracruz posee una de las mayores riquezas culturales de América Latina. Desde las culturas madre del Golfo hasta la herencia colonial y afrodescendiente, pocos estados pueden presumir una diversidad histórica semejante. Lo que no puede presumir es una política constante de protección patrimonial.
Porque la cultura no se conserva con discursos ni con boletines de prensa. Se conserva con planeación, presupuesto y voluntad política sostenida.
**La verdadera vergüenza no es que hoy reabran El Tajín y San Juan de Ulúa; la verdadera vergüenza es que un país que presume su historia haya permitido que dos de sus mayores tesoros permanecieran cerrados y olvidados durante años.
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