Durante años hemos visto administraciones donde el único requisito para permanecer en un puesto es la cercanía con el alcalde, el compadrazgo, la lealtad partidista o el parentesco político. La eficiencia nunca figura entre los criterios para conservar un cargo. Los resultados importan menos que la obediencia.
En Coatzacoalcos, al menos en el discurso y en las primeras acciones, la lógica parece ser distinta. Las evaluaciones ya produjeron movimientos en diversas áreas, mejoras en la recaudación, mayor control administrativo y revisiones sobre dependencias que históricamente han representado focos rojos en el manejo del dinero público, como Panteones, Registro Civil, Deportes y el Transbordador.
Especialmente relevante resulta la decisión de reducir al mínimo el manejo de efectivo y privilegiar pagos documentados mediante la Tesorería Municipal. La historia de los gobiernos municipales está llena de pequeñas cajas negras donde el dinero en efectivo desaparece sin dejar rastro. Digitalizar procesos, documentar ingresos y cruzar información no garantiza la desaparición de la corrupción, pero sí reduce considerablemente las oportunidades para practicarla.
También merece atención el criterio anunciado por Pedro Miguel Rosaldo: un funcionario que no alcance al menos el 70 por ciento de sus metas queda reprobado. La comparación con una calificación escolar puede parecer sencilla, pero transmite un mensaje contundente: los cargos públicos no son propiedad privada ni espacios de comodidad burocrática.
Desde luego, estas evaluaciones deberán sostenerse con absoluta objetividad. Los indicadores tienen que ser públicos, verificables y aplicarse sin excepciones. De nada serviría establecer un sistema de evaluación si termina utilizándose para premiar amigos y castigar adversarios internos. La transparencia será la verdadera prueba de credibilidad.
Pero el ejemplo trasciende a Coatzacoalcos. La pregunta inevitable es por qué este modelo no se aplica en los otros 211 municipios de Veracruz e incluso en la administración estatal. ¿Por qué no evaluar trimestralmente a secretarios, subsecretarios, directores generales y organismos descentralizados? ¿Por qué no hacer públicas sus metas, sus avances y sus incumplimientos? Si un maestro, un médico, un empresario o un trabajador son evaluados constantemente por sus resultados, ¿qué privilegio justifica que los funcionarios públicos queden exentos de ese escrutinio?
Mientras algunos alcaldes trabajan para construir indicadores de desempeño, otros siguen obsesionados con contratar empresas que elaboran supuestas encuestas de popularidad. Son estudios cuya credibilidad se desvanece desde el momento en que todos saben quién los paga y cuál es el resultado esperado. La popularidad comprada nunca sustituirá la eficacia administrativa.
El ciudadano ya no necesita espectaculares, boletines triunfalistas ni gráficas maquilladas. Lo que exige son calles reparadas, agua potable, seguridad, alumbrado, servicios eficientes y cuentas claras. La legitimidad de un gobierno no nace en una encuesta, sino en la calidad de los resultados que entrega todos los días.
Ojalá otros alcaldes y alcaldesas comprendieran que gobernar no consiste en administrar discursos, sino en administrar soluciones. Más saludable aún sería que el Gobierno del Estado adoptara exactamente la misma filosofía: metas cuantificables, evaluaciones periódicas, transparencia absoluta y sustitución inmediata de quien no cumple. Eso sí sería una verdadera transformación administrativa y no la retórica que suele acompañar cada cambio de gobierno.
La mejor y más real encuesta sobre los 212 alcaldes será en las votaciones del 2027, ahí se medirá su desempeño y la opinión del pueblo sabio.
Porque el dinero público no financia campañas de imagen ni carreras políticas: paga salarios para producir resultados, y quien no los entrega simplemente está cobrando por fracasar.
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