Cada vez que en México se habla de regular la comunicación, el debate se polariza casi de inmediato. Unos advierten el riesgo de la censura; otros sostienen que es indispensable poner orden en un espacio donde la desinformación, las noticias falsas y los intereses comerciales también afectan a la sociedad.

La discusión ha resurgido con el proyecto de Ley de Audiencias, una propuesta que, en esencia, busca fortalecer los derechos de quienes reciben información a través de la radio, la televisión y las plataformas de comunicación. En principio, el objetivo parece incuestionable: toda persona tiene derecho a recibir información veraz, diferenciada de la opinión, libre de publicidad engañosa y con mecanismos para hacer valer sus derechos como audiencia.

Difícilmente alguien podría oponerse a esos principios.