El exgobernador Javier Duarte asume -y quizá tenga razón- que lo que falta para recuperar su libertad es “voluntad política”.
Esa es una idea que tiene desde hace tiempo. De hecho, es por eso que en el 2024, a pesar de las “complicaciones” que tiene para operar sus cuentas de redes sociales, se dio la oportunidad, en múltiples ocasiones, de manifestar su absoluto respaldo a quien hoy ocupa el cargo que él mismo ostentó.
Y cuando pensaba que ya había atendido con creces la parte que le tocaba, pretendió dejar la prisión una vez cumplida la condena de nueve años que le fue impuesta. No lo consiguió. De la manga, la Fiscalía General de la República (FGR) se sacó otra imputación y consiguió que, una vez más, el gobierno de Guatemala la incorporara al convenio de extradición.
Para la larga cauda de acusaciones (la mayoría de ellas mediáticas) que se han hecho en su contra, suena absurdo que hoy siga encerrado por haber participado (según la denuncia de la FGR) de manera indirecta en el desvío de cinco millones de pesos.
Varios abogados cuestionados sobre este nuevo caso aseguran que la imputación es “muy endeble” y que tiene todas las apariencias de una artimaña jurídica. Nadie puede garantizar que cuando este nuevo caso esté por caerse, no le vayan a armar una nueva carpeta.
Así pues, Javier Duarte ha decidido tocar la puerta de los actores políticos que, si no le prometieron su libertad, al menos le ofrecieron dejar su asunto en el ámbito estrictamente judicial.
Y no encontró mejor ruta que “salir en defensa” de la gobernadora Rocío Nahle frente a lo que él denominó “chismes de verduleras” recopilados en la columna del periodista Claudio Ochoa.
El problema es que los argumentos de la defensa oficiosa de Javier Duarte son -por decir lo menos- más frágiles que su relación con la 4T.
Admite que el tema del transporte público es tan “complicado y complejo” y está tan atado a “intereses” que él mismo no pudo solucionarlo.
Erróneamente le atribuye a la Fiscalía General del Estado (FGE) la “solución” al caso de la periodista Roxana Guzmán, pero pasa por alto que ese caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).
Sobre ese mismo tema, Javier Duarte no menciona que en las audiencias de imputación de los detenidos la FGR señala como móvil del mismo la sospecha -por parte de los agresores- de que la comunicadora estuviera vinculada a una organización criminal opositora.
La misma gobernadora confirmó la versión que hizo pública el periodista Héctor de Mauleón, al admitir que la información debió salir de la audiencia, y no de una “filtración” de su gobierno.
Semanas después la FGE sacó otra historia: que el ataque a Roxana Guzmán fue ordenado por el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, porque “un testigo escuchó cuando uno de los detenidos contó que había recibido la orden del edil”.
Javier Duarte también se refirió a la “emblemática” obra de quien fuera secretaria de Energía:
“En el tema de la refinería Dos Bocas, creo que es ocioso a estas alturas la crítica, (pues) la propia Claudia Sheinbaum ha elogiado esta obra”, alega el exgobernador. Si me menciona una sola acción o alguna obra que la actual presidente haya criticado, le daré por válido su argumento.
Al final, Javier Duarte alega, como muestra de la “empatía” que existe entre Nahle y Sheinbaum, que Veracruz es “el estado de la república que más visita”.
¿Sabrá, acaso, Javier Duarte que al gobernador veracruzano que más fue visitado por un presidente fue el antecesor de Rocío Nahle, el ingeniero Cuitláhuac García, calificado por muchos como el peor gobernante que ha tenido esta entidad (por encima de él mismo)?
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Epílogo.
Está plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en el segundo párrafo del artículo 157: “El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva (…)”. *** En el sonado caso de la tesorera del gobierno estatal, Eugenia Guadalupe Blas Nájera, en contra de su exmarido, el trabajador petrolero jubilado David Alfonso Salazar Pérez, se hizo evidente la pesada mano de la servidora pública, pues el juez de control que ve el caso se extralimitó en sus funciones. *** El pasado viernes se cumplió un año de que, en audiencia inicial, durante el debate sobre medidas cautelares, la fiscal solicitó que se le impusiera al jubilado petrolero la obligación de acudir de forma periódica a firmar y que se le prohibiera acercarse a la presunta víctima o a su domicilio. *** Sin embargo, al juez Eduardo Vidal Alor se le hizo poco y a pesar de que nadie la solicitó, decidió imponer prisión preventiva justificada, argumentando un supuesto riesgo para la víctima. El juzgador no fundó ni motivó su determinación, ni se exhibió dato de prueba alguno que la justificara. *** Frente a estas irregularidades, ciudadanos y familiares de David Alfonso Salazar se manifestaron frente al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos y denunciaron el abuso de poder de la tesorera Eugenia Guadalupe Blas Nájera. *** Los manifestantes señalaron que Salazar Pérez “sigue preso porque jueces y fiscales temen desacatar las órdenes de la Tesorera, que insiste en asegurar que cuenta con el apoyo de la gobernadora”. *** El equipo de defensa del petrolero jubilado informó que denunció penalmente a Eugenia Guadalupe Blas Nájera, tesorera del gobierno de Veracruz, y a su hijo David Esteban Salazar Blas, por los delitos de falsificación de documentos y uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal y falsas denuncias y simulación de pruebas. *** El juez de control que impuso la medida cautelar también será denunciado por notoria ineptitud.
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