El beneficio social es evidente. Un transporte digno reduce tiempos de traslado, mejora la seguridad de pasajeros y operadores, disminuye emisiones y ofrece mayor certidumbre sobre rutas, horarios y tarifas. También beneficia indirectamente a la economía familiar: llegar puntualmente al trabajo, la escuela o una consulta médica tiene un valor que pocas veces aparece en las evaluaciones financieras.
La inversión pública, sin embargo, debe acompañarse de transparencia. La operación estatal no puede reproducir los vicios de los viejos concesionarios. Será indispensable publicar costos de adquisición, mantenimiento, ingresos, subsidios, número de usuarios y resultados ambientales. El costo-beneficio solamente podrá sostenerse si las unidades permanecen operativas, las rutas responden a estudios reales y las tarifas conservan un sentido social.
Nahle es la primera gobernadora que emprende una transformación integral de esta magnitud. Desde la reforma impulsada por Dante Alfonso Delgado Rannauro entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, ningún gobierno había planteado una intervención tan amplia sobre el transporte urbano veracruzano.
Debe recordarse, además, que la propuesta original buscaba incorporar a los concesionarios. El gobierno creó mecanismos para facilitar la modernización y éstos aceptaron inicialmente adquirir las unidades. Después las rechazaron y devolvieron al considerar que el esquema no convenía a sus intereses. Ante ese retiro, la administración estatal optó por constituir una empresa paraestatal para garantizar la continuidad del servicio.
Por ello resulta engañoso que partidos opositores y comentócratas pretendan presentar el programa como un negocio entre particulares. La intervención gubernamental ocurrió precisamente porque los particulares abandonaron el compromiso. Puede y debe vigilarse cada peso invertido, pero fiscalizar no significa tergiversar.
La paradoja es evidente: quienes nunca modernizaron el transporte ahora cuestionan que alguien lo haga. La movilidad no debe juzgarse por colores partidistas, sino por resultados. Si Veracruz consigue unidades limpias, servicio confiable, tarifas razonables y cuentas transparentes, el proyecto será una política pública de enorme beneficio social, aunque incomode a quienes durante años administraron la precariedad.
Al tiempo.
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