Lo que está ocurriendo con el ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, va mucho más allá del posible cierre de una empresa. Es una discusión sobre qué hacemos cuando están en riesgo una industria estratégica, miles de empleos y el sustento de toda una región. La gobernadora Rocío Nahle decidió intervenir y lo hizo bien, porque San Pedro no es una factoría cualquiera: es parte de la historia económica de Los Tuxtlas y de toda la zona cañera.

Ahí trabajan obreros, pero alrededor del ingenio también viven productores cañeros, cortadores, transportistas, comerciantes y cientos de familias que dependen de cada zafra. Cerrar un ingenio nunca significa solamente apagar máquinas, significa romper toda una cadena económica, y ese es el punto que algunos olvidan cuando reducen el caso San Pedro a una simple decisión entre particulares.

La caña de azúcar no es cualquier actividad para Veracruz. Somos el principal estado productor del país y la propia legislación mexicana reconoce a esta agroindustria como una actividad de interés público. Por eso, cuando un ingenio está en riesgo, el Gobierno no puede limitarse a observar, y Nahle lo entendió desde el primer momento.

Desde que apareció la posibilidad del cierre, su gobierno comenzó a revisar alternativas, dialogar con productores y trabajadores y llevar el tema a las mesas con la empresa y el Gobierno Federal. Y aquí no se trata de regalar dinero público a un empresario, sino de evitar, si todavía es posible, que desaparezca una unidad productiva que tiene trabajadores, productores, infraestructura y caña suficiente para seguir formando parte de la economía regional.

Veracruz ya conoce lo que ocurre cuando un ingenio baja definitivamente la cortina. Ahí están los antecedentes de San Francisco El Naranjal y La Concepción, que dejaron problemas laborales y sociales durante años. San Pedro no debería convertirse en otro caso similar y por eso adquiere relevancia que Rocío Nahle haya decidido acudir personalmente, recorrer las instalaciones y hablar cara a cara con los trabajadores.

Incluso modificó su agenda para atender el problema. Mientras tanto, el propietario del ingenio se encontraba fuera del país. Y existe además una línea de fondo: Nahle ya había respaldado medidas para proteger a la industria azucarera nacional frente a las importaciones y defender a los productores veracruzanos.

Hay una lógica detrás de todo esto: proteger la producción, al productor, el empleo y una actividad primaria profundamente ligada a Veracruz. La empresa argumenta que las condiciones financieras y las inversiones necesarias vuelven complicada la continuidad del ingenio, y es válido que lo plantee, pero también es válido preguntar: ¿ya se agotaron todas las alternativas?

Eso es justamente lo que intenta determinar el Gobierno de Veracruz. Mientras tanto existe una urgencia inmediata: las familias. Por eso se anunciaron apoyos alimentarios ante la falta de pago y se mantiene la búsqueda de alternativas financieras, empresariales y productivas para mantener funcionando San Pedro.

Ahí está el fondo del asunto. El empresario tendrá que asumir sus responsabilidades, los trabajadores deben tener garantizados sus derechos, los productores necesitan certeza y el Gobierno debe utilizar todas las herramientas a su alcance para intentar preservar una actividad productiva fundamental. Porque defender San Pedro no significa defender a Grupo Porres, significa defender a quienes viven del ingenio, y esa diferencia importa.

Hay gobiernos que simplemente administran los problemas. Rocío Nahle decidió meterse de lleno. No está administrando un cierre, está intentando evitarlo. Y en un estado cuya historia, economía y campo están profundamente ligados a la caña de azúcar, defender San Pedro también significa defender a Veracruz.

Mientras tanto, el propietario podrá estar en Europa, pero sus responsabilidades se quedaron en Veracruz.

@IvanKalderon