“Cada quien es libre de opinar lo que quiera, pero no tiene derecho a injuriar, a difamar”, señaló.
Y aquí conviene separar las cosas.
En democracia, quien gobierna y las acciones de gobierno, deben estar bajo escrutinio. Hay derecho a preguntar y cuestionar y los ciudadanos tienen derecho a exigir resultados.
Sin embargo, cuestionar las decisiones y acciones de gobierno es una cosa; pero convertir la discusión pública en ataques personales, otra. La gobernadora puede y debe ser cuestionada cuando corresponda, e incluso puede gustar o no el estilo de gobernar de Nahle, pero eso sí, esa crítica y ese cuestionamiento debe estar ceñido a su labor.
En esta ocasión, detrás de su respuesta parece haber una estrategia: no disputar cada pelea en redes o medios y dejar que su gobierno responda con resultados.
Ahora que comienza una nueva etapa electoral, habrá que ver si esa apuesta por no engancharse le funciona.
Porque en política, a veces, la verdadera fortaleza no está en responder a todos los golpes, sino en decidir cuáles merecen respuesta.
Y cuando se cruza la línea de la crítica y se entra en la injuria o la calumnia, ese es otro ring que no se responde en medios, para eso existe la ley, y la gobernadora también ya ha demostrado que no dudará en acudir a ella.
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