Figuras y figurones.
Francisco Licona.
 

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¡Urge el escaneo profundo a candidatos!
2026-09-08

Hay una realidad que ya no admite demasiadas vueltas: el crimen organizado también se ha metido a los gobiernos municipales.


Y cuando un delincuente consigue vestirse de político, ganar una elección y sentarse en la silla de la presidencia, tesorería, regiduría o hasta de director de la policía de un municipio, el problema deja de ser solamente de seguridad.


Allí es cuando el problema se convierte en uno de democracia, gobernabilidad y responsabilidad partidista. Porque el ciudadano vota por el candidato, sí. Pero antes de llegar a la boleta, alguien tuvo que seleccionarlo, apadrinarlo, registrarlo, promoverlo y pedirle a la gente que confiara en él.


Por eso resulta cada vez más difícil entender que los partidos políticos sigan hablando de sus filtros como si fueran un trámite interno más.


La Operación Enjambre ha dejado una señal demasiado grande para ignorarla: más de 85 servidores y ex servidores públicos han sido detenidos por presuntos vínculos con delitos y estructuras criminales; y entre ellos hay varios presidentes municipales. En el Estado de México, tan solo por poner un ejemplo, 20 ex servidores públicos ya recibieron sentencias que, en conjunto, superan los mil 100 años de prisión.


Pero la historia sigue.


Este lunes fue detenido Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, señalado dentro de una investigación contra una estructura dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro.


¿Hacen falta más señales? Parece que sí. Se necesitan casos, y nombres… nombres, cuya información ya es pública.


En el expediente público de la Operación Enjambre han aparecido alcaldes y ex alcaldes de distintos partidos: MORENA, PAN, PRI, PRD, MC y coaliciones. Y eso es precisamente lo importante.


Aquí no debería hablarse de colores partidistas. El método de infiltración criminal no tiene franquicia electoral y en el próximo proceso electoral debería haber una exigencia mucho más seria y general: escaneo forzoso y profundo de todos y cada uno de los candidatos; sean del partido político que sea. Los partidos políticos no pueden seguir fingiendo sorpresa y menos seguir hablando de persecución política. ¡Ellos son corresponsables! 


Antecedentes penales; Patrimonio; Empresas; Socios; Contratos; Conflictos de interés; Relaciones políticas; Denuncias; Investigación financiera; y cuando corresponda, información de inteligencia que legalmente pueda utilizarse para impedir que una persona de alto riesgo termine en una boleta.


No se trata de quitarle derechos políticos a nadie solo por rumores. Se trata de que los partidos investiguen antes de postular, y que la autoridad competente haga lo propio dentro de sus atribuciones. Porque ya vimos lo que ocurre cuando el filtro falla.


Y aquí va la pregunta que los partidos deberían responder antes de comenzar a repartir candidaturas: ¿Van a revisar de verdad a sus candidatos o “descubrirán” sus antecedentes cuando ya tengan fuero, presupuesto y poder?


Para el 2027 ya no debería bastar con preguntar: “¿Cuánto mide en las encuestas?” La pregunta tendría que ser: “¿Quién es realmente el que estamos poniendo en la boleta?”.


Así, el único camino a seguir es la auscultación e investigación mediática y, sobre todo, que se ponga en marcha un “Big Brother político”. 


No hay de otra, de lo contrario el ciudadano puede terminar votando por quien después se convertirá en su propio verdugo.


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