Las páginas aportadas de la sentencia TEV-JDC-436/2026 muestran un revés para la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena: el Tribunal Electoral de Veracruz revocó la determinación del dos de julio y ordenó reponer el procedimiento, realizar las diligencias pertinentes y resolver con fundamentación y motivación.
Conviene decirlo con exactitud: el tribunal no decretó la expulsión del senador ni certificó su “traición”. Ordenó que el asunto vuelva a tramitarse debidamente. La diferencia importa, porque una crítica que exige congruencia también debe respetar los hechos.
Pero esa precisión tampoco borra la responsabilidad política de Huerta. Un dirigente puede cuestionar candidaturas, denunciar imposiciones y exigir democracia interna. Lo que necesita explicar es si su inconformidad desembocó en respaldo electoral a quienes competían contra su propio partido. De acreditarse, estaríamos ante una deslealtad política que difícilmente podría justificarse como libertad de crítica.
Que el PT haya formado en algún momento parte de una alianza nacional con la 4T no resuelve automáticamente la controversia: debe examinarse cómo compitieron los partidos en el municipio y cuál fue la conducta concreta del senador, y es claro, en el 2025 hubo un rompimiento entre ambos institutos políticos, lo que los confrontó electoralmente, eso es innegable.
También están los señalamientos sobre su supuesto acercamiento a Movimiento Ciudadano en Poza Rica y Papantla. En el primer municipio, una columna publicada en agosto de 2025 recogió el reclamo de Adanely Rodríguez por el presunto respaldo de Huerta a Emilio Olvera. Ese señalamiento quedo demostrado con pruebas.
Respecto de Rocío Nahle García, disentir de la gobernadora no constituye por sí mismo una traición. La cuestión es si las diferencias contribuyen a corregir decisiones públicas o terminan favoreciendo a los adversarios electorales de Morena. Esa frontera debe juzgarse mediante actos verificables, no simpatías personales.
Huerta ha negado haber acompañado la campaña del PT, pero hoy el Tribunal dice otra cosa. Su versión debe consignarse y confrontarse con las pruebas del expediente. La Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena tiene ahora la obligación de resolver sin privilegios por jerarquía y sin castigos anticipados.
Para Morena, el dilema rebasa a un senador: sus principios perderían credibilidad si respaldar candidaturas rivales quedara sin consecuencias cuando se demuestra. Para Huerta, la exigencia es todavía más sencilla: explicar su conducta.
La lealtad no se acredita recordando cuánto se ayudó a construir un movimiento, sino respondiendo por lo que se hace con la representación que ese movimiento otorgó.
Al tiempo.
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