Por ello, extendieron su llamado a los legisladores locales para que en la sesión plenaria de este jueves 7 rechacen las iniciativas enviadas por el Jefe del Ejecutivo estatal. “Hacemos un llamado a las diputadas y diputados, a que cumplan con su obligación de ser la voz de sus representados y por lo tanto deben actuar en consecuencia, diciendo ‘No’ a este paquete de iniciativas que dañarían irreparable y gravemente a Veracruz. De no ser así, seremos nosotros los veracruzanos, los que actuemos en consecuencia”, amagaron.
La gran interrogante es por qué no actuaron con esta misma decisión desde el sexenio pasado, cuando las cosas en Veracruz comenzaron a descomponerse gravemente no sólo en las finanzas públicas sino también en el rubro de la seguridad.
De haberlo hecho a tiempo seguramente hoy no habríamos llegado a esta crítica situación ni ellos estarían haciendo el papelón de andar mandando misivas al presidente Peña Nieto que parecen tener el mismo efecto que las “Cartas a Eufemia”, como la popular canción del desaparecido ídolo de México, Pedro Infante.
¿O será que ahora sí el exhorto de los empresarios veracruzanos logrará lo que hasta el momento el gobernador electo Yunes Linares no ha podido conseguir?
MOJICA MUY ‘ÉTICA’
Otra que vino a sumarse al coro en contra del gobernador Duarte y de los diputados locales del PRI fue la guerrerense Beatriz Mojica, quien tras la renuncia del ex dirigente Agustín Basave quedó a cargo interinamente de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
Y en el mismo tenor que el gobernador electo y los empresarios yunistas, la lideresa nacional del partido del sol azteca urgió al presidente Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que intervengan en Veracruz y frenen a Duarte de Ochoa que a través del Congreso local pretende blindarse para evitar rendir cuentas y heredarle una complicada situación laboral, financiera y administrativa a su sucesor.
Pero Mojica llegó tumbando caña, pues ignorando el pacto federal dijo que Peña Nieto debe separar a Duarte de la gubernatura, y luego amenazó con acelerar en el Congreso de la Unión el juicio político en contra del mandatario veracruzano así como enjuiciar también e ¡inhabilitar para ocupar cargos públicos! a los diputados locales que en la sesión de este jueves aprueben el paquete de iniciativas que les turnó el Jefe del Ejecutivo del estado, porque según afirmó la dirigente perredista, “esto es un tema prácticamente de delincuencia organizada, se están organizando para atentar, delinquir en contra del estado de Veracruz”.
¿Por qué, en cambio, Mojica no ha promovido juicio ni inhabilitación política contra los siete senadores del PAN y PRD que de manera muy sospechosa abandonaron el recinto legislativo justamente cuando se iba a votar la llamada Ley 3de3, uno de cuyos artículos pretendía obligar a todos los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta los ediles municipales, que publicaran sus declaraciones fiscal, patrimonial y de eventual conflicto de intereses, tal como 634 mil ciudadanos lo habían demandado con su firma? ¿Qué acaso no se trató también de una artimaña mafiosa para no rendir cuentas, propia de la “delincuencia organizada” que opera en el Senado, donde el coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, fue definido por algunos medios de comunicación como “el gran seductor de opositores que hacía sonar el pandero en la maratónica y decepcionante sesión” de ese martes 14 de junio?
Mojica vino también a Veracruz para lanzarle desde aquí un ultimátum al presidente Peña Nieto para que obligue a Duarte a separarse de la gubernatura. ¿Pero qué no fue ella una de las que en octubre de 2014 más defendió la permanencia del gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, cuando la crisis por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa rebasó al gobierno de ese estado y le fue endosado a la administración federal? Y es que la actual dirigente nacional del PRD se desempeñó con Aguirre como titular de la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal. ¿A poco la ex secretaria de Desarrollo Social del estado y ex candidata a la gubernatura ignoraba lo que sucedía en municipios como Iguala, donde gobernaba el perredista José Luis Abarca, vinculado al grupo criminal Guerreros Unidos, mientras que a familiares de la esposa del ex munícipe, María de los Ángeles Pineda, se les ligó con el desaparecido cártel de los Beltrán Leyva? Por eso muchos ya no creen ni en los políticos de la “oposición”.
¡QUÉ TERNA!
Ha trascendido que la terna de magistrados que propondrá el gobernador Javier Duarte al Congreso local para integrar la nueva Sala Especializada en materia anticorrupción estaría conformada por Francisco Portilla Bonilla, Guadalupe Porras David y Alberto Tomassini Martínez, tres ex funcionarios y políticos priistas muy cercanos al mandatario estatal saliente.
Portilla Bonilla, como ya se sabe, no pasó la aduana legislativa cuando la semana pasada quisieron designarlo titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Algunos diputados del partido tricolor no lo consideraron ético, como lo cuestionaron los de la oposición.
Por eso sorprende que ahora quieran proponerlo para esta nueva Sala Especializada que estará adscrita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Pero lo insólito es que también estarían por proponer a la ex diputada local y ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David, quien hasta el año pasado dirigía la CNOP estatal y últimamente se desempeñaba en el CDE del PRI como coordinadora de Delegados.
Porras David, quien en 2010 salió muy cuestionada de la alcaldía de Minatitlán, es madre del diputado local priista Ciro Gonzalo Félix Porras, quien seguramente votará a favor. También es suegra del ex alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, a quien en el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán se le atribuyó una serie de irregularidades durante su gestión como secretario de Comunicaciones del estado.
Y, para colmo, también sería incluido en la terna de potenciales magistrados Alberto Tomassini Martínez, ex consejero jurídico y de derechos ciudadanos de la Oficina del Gobernador y, hasta este martes, secretario particular del titular del Poder Ejecutivo, cargos en los que sustituyó a José Ramón Cárdeno Shaadi, a quien en esta columna habíamos mencionado como uno de los posibles candidatos para integrar la nueva Sala Especializada en Combate a la Corrupción, pero el cual aspiraría más bien a una Notaría Pública. |
