Fuentes confiables en la Procuraduría General de la República (PGR) han revelado que los tres funcionarios señalados por dicho informe del SAT serían los diputados federales Edgar Spinoso Carrera y Tarek Abdala Saad, así como el ya célebre y famoso, Vicente Benítez, diputado local electo por el Distrito de San Andrés Tuxtla, del que se sabe, ya hasta la propia Interpol investiga por supuesto lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito en Costa Rica, tras la divulgación de una investigación periodística de Álvaro Sánchez.
Y es que según señala el reportero costarricense el diario mexicano El Sol publicó recientemente una serie de acusaciones contra un cuestionado político de Veracruz y resaltó una supuesta investigación por lavado de dinero que adelanta la fiscalía en Costa Rica a lo que se sumo un reportaje de Telenoticias en donde se da cuenta de todas las tropelías y delitos que se acusan habría ejecutado con el recurso de los veracruzanos.
De este modo, y bajo estas imputaciones, el diario La Jornada han divulgado información en el sentido de que Vicente Benítez es investigado ya por el gobierno de Costa Rica por su probable participación en el crimen organizado y lavado de dinero, según consta el reporte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), así como del Departamento de Investigaciones Especiales (EC).
Esta información fue solicitada desde el año 2013 por el Ministerio de la Presidencia de Costa Rica, un equivalente a la Secretaría de Gobernación de México, en la cual consta que Vicente Benítez González tiene una relación con el empresario Alberto Rodríguez Baldí, ligado al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
La Jornada Veracruz obtuvo copia de los documentos oficiales, que comprueban la investigación que hace el gobierno costarricense en contra del ex oficial mayor de la SEV, gracias a la colaboración con el Diario Extra de Costa Rica y el reportero Daniel Chinchilla, quien descubrió esta investigación.
El reporte del DIS con el número ECT0282013 con fecha del 17 de febrero de 2013, indica que de acuerdo con información de fuentes confidenciales, identifica al mexicano Vicente Benítez González como una persona que podría estar realizando importantes en inversiones en bienes raíces en la zona de Ciudad Quesada, San Carlos, Costa Rica.
Se narra que desde el año 2012, un grupo de mexicanos, recomendados por el empresario Alberto Rodríguez Baldí se contactaron con un contador privado para que realizara un estudio de factibilidad para la construcción de un hotel en el centro de Ciudad Quesada, para lo cual le pagaron 3 millones de colones, equivalente a 120 mil pesos.
Luego de eso, el mismo "grupo de mexicanos", del que sólo identifican a Vicente Benítez, intentan constituir una sociedad anónima, sin embargo, el contador se niega, por lo cual los pone en contacto con el abogado Douglas Murillo Murillo, quien cumple con la encomienda y de inmediato se dedican a la compra de terrenos en Ciudad Quesada, uno contiguo a la sede del Registro Civil, donde planean construir un hotel.
Dentro de la sociedad anónima queda al frente la cuñada de Vicente Benítez, la señora Yenori Núñez Rodríguez, como secretaria la esposa del ex oficial de la SEV, María de los Ángeles Núñez Rodríguez, y el mismo ex funcionario estatal queda como tesorero.
La cédula jurídica con la cual queda registrada NUBE SA en el Registro Público de la Propiedad de Costa Rica es la número 3101663589, inscrita desde el 8 de noviembre del año 2012.
La fuente al interior de la PGR, asegura que en los otros dos casos se investigan las ligas de ellos en estos negocios y las empresas fantasmas, así como también en la inexplicable fortuna amasada en tan solo 12 y 6 años, la cual simplemente no corresponde a los ingresos reportados por sus actividades públicas.
El tiempo de la purga ha comenzado, y estás serán las primeras cabezas en rodar, el gobierno federal mandará con ello un mensaje de implacabilidad antes de que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes les gane la partida y con ello posicionar de nueva cuenta al PAN. De no hacerlo, el PRI quedará señalado como instituto político protector de delincuentes de cuello blanco, elemento que le restará credibilidad a la hora de los próximos comicios electorales.
Al tiempo.
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