Fuera de foco.
Silvia Núñez Hernández.
 

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El agua: Oro molido para la corrupción política
2016-07-18

¿El problema del SAS a quién afecta? Inicialmente a los trabajadores sindicalizados del Sistema de Agua y Saneamiento quienes se encuentran afectados de la guerra sucia que el gobierno estatal está ejerciendo al imponer a Odebrecht y Aguas de Barcelona –quienes conformaron el Grupo MAS- para explotar un recurso natural en tierras mexicanas. 


Es importante resumir que dicha acción es anticonstitucional. No se puede ver con buenos ojos que se lleve a cabo una privatización al cual los mexicanos tienen derecho a tener acceso como es el agua. Es imperdonable que empresas extranjeras tengan el VoBo para hacerlo. El gobierno del estado recibió por parte de éstas dos empresas un pago millonario para concederle el derecho de la explotación del agua por 30 años, avalado desde el Congreso del Estado, quienes aprobaron desde junio del 2015, que Grupo MAS –operador conformado por Odebrecht y Aguas de Barcelona- tuviera la concesión sin ningún tipo de problema y la anuencia de pisotear los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados.


La resistencia sindical era de esperarse. Grupo MAS con apoyo del alcalde de ornato del municipio de Veracruz, Ramón Poo Gil pretenden argumentar que dicho organismo operador del agua está en quiebra, por lo tanto, sólo a través de la inversión privada se podría “salvar” de este trance económico. No existe nada más falso. El SAS mantiene su detrimento económico derivado del fraude cometido por parte de sus directores, pero principalmente los ejecutados por parte de Yolanda Gutiérrez Carlín y José Ricardo Carmona Ruiz alías “Pepín”.


Una abultada nómina derivada del excesivo grupo de aviadores –que aún continúan cobrando sus cuantiosos salarios, los cuales no hacen ni “hora nalga” porque checan y se van-, de los excesos de sus directores y además, por ser la “caja chica” del gobernante en turno. Todo ello, ha contribuido para que el SAS se encuentre en la crisis financiera que actualmente se encuentra y ahora pretenden que tanto la clase obrera que depende de esa dependencia y la sociedad en general, sean quienes paguen los platos rotos del fraude a la que ha sido sometida.


Sabemos que del cuadro de zánganos calientas curules que conforman el actual Congreso del Estado, no se puede esperar nada. Pero lo sorprendente es que hasta ahora, los 50 diputados locales “electos” no se han manifestado en contra de la intención de Javier Duarte de comercializar el agua. 


Tampoco existe un posicionamiento por parte del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, del cual se esperaría que exigiera –como lo ha hecho con el gobierno del actual mandatario estatal y sus secuaces-  la intención de meter a la cárcel a Yolanda Gutiérrez Carlín y José Ricardo Ruiz Carmona, principales saqueadores del SAS y que estos devolvieran todo lo que robaron al sistema operador del agua actual. No vemos su compromiso en ese tenor. Le recordamos al futuro gobernador Constitucional que no tan sólo se ve afectado el gremio sindical del SAS, sino también la propia ciudadanía al concederle a la iniciativa privada un bien de la humanidad para que lo comercialicen. 


Es inaudito su silencio, cuando la situación es como una bomba de tiempo que está a punto de estallar. Ramón Poo se encuentra haciendo de “todo” para cumplirle a Grupo MAS pues no cuenta ya con el dinero que dicha empresa le dio a gobierno del estado para la explotación del agua. El ayuntamiento de Medellín de Bravo, a través del alcalde panista, Gerardo Pérez Pérez, ha manifestado su separación del Sistema de Agua y Saneamiento luego de la posible desaparición de este y por lo tanto, para Veracruz, dicha decisión sería alarmante, luego de actualmente quien abastece de este vital líquido es el municipio medillense. Es importante advertir que los afluentes donde se abastece el agua a Veracruz se encuentran ubicados en el municipio de Medellín y los inmuebles –como la planta potabilizadora- quedarían en resguardo de este municipio. 


La situación es por demás alarmante, por lo tanto, tanto el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares como los diputados locales afiliados al Partido Acción Nacional (PAN) que entrarán en funciones en el próximo primero de noviembre, tendrán que tomar el toro por los cuernos y darles prioridad a los gobernados o darles la espalda –como usualmente lo hace la clase política cuando ya logran sus objetivos: llegar al poder- a los ciudadanos quienes al final de la cadena de reproducción política, siempre son comidos y pisoteados por ésta para dar pie a sus propios intereses. 


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