En medio de un manifiesto y público rechazo, por parte de diferentes organizaciones empresariales, la opinión pública, y diputados de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, del Movimiento Ciudadano, e incluso del Revolucionario Institucional, 29 diputados priistas del Verde y PANAL, y algunos de una mal llamada fracción independiente, aprobaron el Fideicomiso Irrevocable de Pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento Financiero del estado de Veracruz (FIDESAN), que es el equiparable al FOBAPROA de la debacle financiera de Ernesto Zedillo en 1998, que rebautizo como IPAB. El fideicomiso es creado para que a través de él se pague a los proveedores con los que el gobierno tiene adeudos, con la evidente intención, y la discrecionalidad como lo maneja el gobierno, de pagar los adeudos a las empresas fantasmas creadas por los grupos adscritos al equipo Duartista, que una tras otra han sido exhibidas de manera contundente por reportajes periodísticos, como el del portal Animal Político, en el caso de la SEDESOL estatal. O las 21 seudoempresas puestas al descubierto por Miguel Ángel Yunes Linares, de Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad Pública. El gobernador electo expuso el verdadero rostro del “general”, que no solo hace negocios con el presupuesto destinado a la seguridad de los veracruzanos, sino que de manera contradictoria, según el Financiero, la inseguridad ha crecido en Veracruz, al haberse incrementado las ejecuciones en un 83% en los últimos seis meses. Además de traficar con su puesto público, tiene que pagársele su ineficiencia.
En medio de una polarizada crisis, el impresentable gobierno no desiste en su intento de blindar todas y cada una de las acciones en las que es señalado de haberlas realizado de manera irregular, o cuando menos, de forma ilegal. El tráfico de influencias, y la utilización de información secreta, privilegiada, para beneficiar a su círculo íntimo, es una constante, pero mucho peor ha sido la desviación de recursos denunciados ante la Procuraduría General de la República, por la propia Auditoría Superior de la Federación. La sombra de la corrupción y la impunidad persiguen al gobierno estatal, al grado que es escarnio nacional. Son su signo, hasta el hecho que el mismo partido Revolucionario Institucional, a través de Armando Barajas Ruiz del grupo Solidaridad AC, ha pedido a la Comisión Nacional de Justicia que inicie el trámite para expulsar a Javier Duarte de ese partido. Ese manifiesto tufo a gárgola, que acompaña al gobernante es el que motiva la acción de los priistas del Comité Nacional, que lo hacen responsable de haber perdido la gubernatura del estado, ante una alianza casi imposible de partidos enemigos, como el PAN-PRD. Y en la cúspide de la desfachatez y el cancelado sentido del decoro, la camada de diputados federales han advertido a su partido, que si su jefe es expulsado, ellos también abandonarían las filas tricolores. Esta cuadrilla, ha trastocado la esencia del quehacer administrativo y político de cualquier gobierno medianamente decente, porque su perfil y antecedentes los identifican como buenos comerciantes del presupuesto estatal, pero además de moverse con una frivolidad tal, que también los caracteriza como castas poderosas, dueñas de vidas, que han impactado negativamente la calidad de vida de miles de veracruzanos.
Veracruz vive una cascada de hechos perjudiciales para su población, producto del desorden administrativo, y una opacidad financiera, que capitaneados por políticos irresponsables, encabezados por el gobernador Duarte, y un Congreso local dominado por los priistas, que han aprobando el 85% de las iniciativas, a todas luces anti populares, con el único fin de proteger los intereses del grupo compacto que se irá a partir del 30 de noviembre. No les bastó la votación en su contra de más de un millón de paisanos el 5 de junio. La aprobación del FIDESAN, que no “es transparente, ni legal, ni honesto”, afirmaría en tribuna el diputado neo priista José Ramón Gutiérrez de Velasco (que votó en contra), porque se pudiera estar legalizando un fraude, al haberse aprobado en octubre del año pasado, un crédito por quince mil millones de pesos, para el Impuesto a la Nómina, que sería destinados precisamente al pago de la deuda a proveedores, pero que apenas nueve mese después, se autoriza la creación de un organismo que secuestra ese impuesto. El tapiz es total, porque en aquella ocasión, nunca fue enviada al Congreso la lista de proveedores. Ahora la SEFIPLAN envió una segunda, porque el primer listado fue depurado, y retirados los “proveedores afines” del equipo Duartista.
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