Un documento de la ASF, en poder de este reportero entregado por la Cámara de Diputados, revela que tan solo en la fiscalización 2011 las irregularidades alcanzaron los 11 mil millones de pesos, mientras que en 2012, luego de 30 auditorías, arrojaron un juego de dinero de 7 mil 740 millones de pesos de los cuales 5 mil 022 millones fueron operados en programas por comprobar, quedando al garete 2 mil 717.9 millones de pesos.
La situación empeoró en los siguientes años de cara al sinnúmero de jornadas electorales, los juegos centroamericanos y la misma dinámica del juego del dinero que presuntamente dio confianza a los responsables de su manejo que lo movieron de manera mágica hasta desaparecerlo.
¿Dónde están esos dineros?
Para la Auditoria Superior de la Federación se ubican en la Secretaría de Educación de Veracruz, vía Oficialía Mayor; en la Secretaría de Salud, vía Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, incluidos Catálogo de Medicamentos (no comprados, alterados, no surtidos y medicamos prescritos), a Sedesol estatal en la aplicación de programas sociales “en beneficio de la población en rezago social y extrema pobreza” mismos que se ignora si se aplicaron y como no requerían de comprobación fiscal, pero si social, se confiaron exportando el dinero presuntamente a paraísos fiscales… y a Puebla.
También el dinero fue a parar al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que coordina la Sefiplan, mismo que debería aplicarse a los municipios a los que dejó sin obra y con problemas de comprobación por mil millones de pesos como es el caso de Atlahuilco, Las Choapas, Papantla, San Andrés Tenejapan, Tequila, Córdoba y Coatzacoalcos.
Ello amén de otras broncas financieras para los siguientes 30 años como la bursatilización.
En punto es que la Federación entregó para el programa municipal del 2012, mil 20 millones de pesos al gobierno estatal para obra pública y el pago de obras de ejercicios anteriores (el de Fidel Herrera Beltrán), pero se encontró con un señalado subejercicio y la no ejecución de obras, pero sí cobradas.
¿Dónde está el demás dinero?
A la Secretaría de Seguridad Pública, tan solo en 2012 se entregaron a Arturo Bermúdez 356 millones 777 mil pesos de los cuales 258 millones 761 mil pesos no se encontraron en la cuenta bancaria específica destinada para la administración del recurso.
Aquí habría que hacer un paréntesis ya que el tema de la no comprobación se hizo recurrente en la SSP los siguientes años, sobre todo los recursos destinados por la federación vía Subsemun, que propiciaron el enojo y reclamo del gobernador Javier Duarte a su colaborador a quien por mas advertencias y amenazas que le lanzó, éste lo mandó por un tubo, negándose a comprobar dando lugar a una ruptura previa la renuncia del tristemente célebre “general” Bermúdez.
Por tanto la ASF “considera que en términos generales el gobierno del Estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”.
Considera además que la misma dependencia encargada de ministrar los recursos, la Secretaría de Finanzas, registra anualmente sensibles rezagos. Tan solo en 2012, según documento a la vista, dejó de comprobar mil 174 millones de pesos.
El dictamen completo de lo entregado por la Federación de 5 años para atrás sin contar 2016 arroja irregularidades por 48 mil millones de pesos.
¿Dónde está el dinero?
La Federación ya realiza una investigación de campo adicional al presumir que el caso de las “Empresas Fantasma” recién expuesto a la opinión pública, sea parecido a la entrega multimillonaria de dinero de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Javier Duarte mismo que no encuentra soporte entre lo depositado y el cumplimiento del programa o la obra social.
El expediente administrativo-financiero completo ya fue entregado a la PGR que a su vez lo remitió al SAT y a la SEIDO para ubicar el destino del dinero y las redes que contribuyeron al desvío.
Ya por lo pronto de semanas atrás, luego de la elección del 5 de junio, la PGR y las instancias citadas empezaron con la labor de zapa citando a funcionarios de la administración Duartista, Finanzas y la Contraloría, e incluso ya se asomaron y sometieron a largo interrogatorio al área Notarial ya que por ahí se legalizó la transa, al igual que la oficina de Catastro del Estado que está ocultando información patrimonial de los funcionarios, empezando por Javier Duarte.
El asunto está por reventar al quedar expuesto por el gobierno federal ante la opinión pública nacional para luego tomar las medidas conducentes.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
