El subsecretario de Promoción Turística del estado, José Guillermo Herrera Mendoza, nos envió una carta aclaratoria sobre un texto que publicamos en este mismo espacio el pasado lunes 8, titulado “Duarte: saqueo y agandalle”, en la que nos puntualiza que el gobernador de Veracruz “nada tiene que ver en este litigio que se da entre dos particulares: el suscrito y el C. Fernando Padilla Farfán”; que él, Herrera Mendoza, “nunca he utilizado de manera aviesa las posiciones con las que me han distinguido para servir a los veracruzanos y, mucho menos, he hecho ‘gala de influencia’ para utilizarlas en mi provecho”, subrayando, además, que “soy abogado de profesión y el tema legal que da origen al contenido de su columna, nada tiene que ver con las instituciones del Estado salvo por lo que corresponde al desempeño de sus atribuciones, producto de una acción legítima iniciada por mí para recuperar conforme a derecho lo que es de mi propiedad y que es un menaje de casa que se encontraba en el interior del inmueble, que en efecto no es de mi propiedad, ubicado en la calle Pico de Orizaba” de esta ciudad de Xalapa.   

Pero en vez de aclarar, Herrera ha sembrado dudas que obligan a plantearle varias interrogantes. Por ejemplo, si como él mismo lo reconoce, no era dueño de esta residencia valuada en cinco millones de pesos, ¿entonces la rentaba o la recibió en préstamo? Si la arrendaba, ¿cuánto pagaba mensualmente y desde cuándo la desocupó? ¿Nos podría proporcionar copia fotostática del contrato de arrendamiento? ¿Por qué si ya no la ocupaba aún poseía llave de la casa y no había sacado el menaje que hasta ahora reclama legalmente? Como político y servidor público que es, ¿acaso no era más conveniente haber conciliado con el dueño del inmueble para sacar o recuperar el colchón y los burós que le pertenecen, en lugar de haber provocado este escándalo mediático y la movilización policiaca para “evitar que escapara quien estaba invadiendo el inmueble” (un empleado de Padilla), presumiendo que luego, una hora 15 minutos después –¡en pleno domingo, lo que ningún hijo de vecino fácilmente puede lograr!– llegaron los investigadores de la Fiscalía General del Estado para “tomar declaración en mi presencia al invasor”, el cual fue amedrentado con que “podría ser sujeto del delito de despojo”?    

¿Por qué, entonces, Padilla Farfán ha filtrado que el funcionario duartista se quiere apoderar de esta residencia ubicada en la privada de Pico de Orizaba, en la capital veracruzana, y valuada en cinco millones de pesos? ¿En qué términos acordaron ambos que Guillermo Herrera ocupara esa casa al final del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando Herrera Mendoza se incorporó al gabinete fidelista como secretario de Comunicaciones del estado y tuvo que tratar con el polémico empresario constructor, a quien ahora acusa de defraudador, “con negros antecedentes profesionales” y con problemas de alcoholismo y drogadicción, pero al cual tuvo que favorecer con contratos de obra pública porque fue de los consentidos durante el fidelato? Por eso es importante que Memo aclare si arrendaba o sólo recibió prestada la mencionada casa, lo que evidentemente habría implicado un serio conflicto de interés y una incongruencia ética y política de su parte, pues en otro párrafo de su carta aclaratoria, en el que pretende desmentir el “presunto chantaje al Lic. Reynaldo Escobar” que también referimos en nuestro texto, señala que “es un infundio” aunque reconoce que “fueron integrantes del régimen de ese entonces quienes pretendieron cooptarnos, lo que de ninguna manera aceptamos los presidentes de los comités directivos del PAN, Lic. Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, y del PRD, Lic. Rogelio Franco Castán, ni su servidor”, afirmando que “no admitimos ni siquiera una hoja de papel que pudiera comprometer nuestro actuar apegado a nuestra ideología y principios políticos”.

Sin embargo, en abril de 2010, finalmente Herrera Mendoza terminó siendo cooptado por el régimen de Herrera Beltrán, quien sorpresivamente lo designó secretario de Comunicaciones del estado, en cuya ceremonia de toma de protesta en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno estuvo presente Escobar Pérez, el mismo que cinco años atrás lo había acusado públicamente, junto con su sobrino Vázquez Cuevas, del PAN, de quererlo chantajear con 150 mil pesos mensuales para cada uno a cambio de “dejarlo trabajar”. 

Ahora Herrera afirma que con Escobar “me une una relación de gran respeto político y profesional”. ¿Dirá lo mismo el ex secretario de Gobierno y ex procurador? 

También expresa “una gran estima, admiración y respeto” hacia el ex gobernador Miguel Alemán Velasco, y precisa que la denuncia penal sobre espionaje telefónico con la que el ex mandatario veracruzano lo amagó en 2004, “no prosperó porque nunca existió tal espionaje”.

Herrera niega categóricamente poseer “propiedad alguna en Playa del Conchal”. ¿Tampoco arrenda o le fue prestada una “casita” de 60 millones de pesos en dicho lugar? ¿Por qué entonces hay personas que aseguran que muy gentilmente les habría ofrecido hospedaje? 

Otro tema del que se deslinda es el de su presunto involucramiento con el empresario y ex regidor porteño Alfonso del Rayo, secuestrado en diciembre de 2010 por Los Zetas y liberado bajo la condición de lavar dinero para este grupo criminal. Herrera asienta que “en ningún momento he sido citado por autoridad judicial alguna, ni nacional ni extranjera, ni como coadyuvante en cualquier investigación cerrada o abierta al respecto, por lo que mi calidad moral se mantiene sin tacha más allá de rumores sin fundamento”. ¿Por qué entonces, según Del Rayo, después del plagio lo fue a visitar junto con Carlos Nayen, considerado un “hijastro” de Pancho Colorado, quien habría mediado en su liberación?

Qué rara coincidencia. El del subsecretario de Turismo es un caso similar al de su ex jefe, el ex gobernador Fidel Herrera, quien indirectamente fue involucrado también en el mismo juicio contra José Treviño Morales, de Los Zetas, por otro testigo protegido: José Carlos Hinojosa, un ex contador del Cártel del Golfo que declaró que a través de Colorado –recién sentenciado en Texas a 20 años de prisión por lavado de dinero– “él personalmente envió 12 millones a la campaña del candidato priista a la gubernatura de Veracruz” en 2004. Sin embargo, de manera inexplicable, hasta la fecha Herrera Beltrán tampoco ha sido citado ni investigado pese a que en octubre de 2013, en el Senado de la República, se aprobó un punto de acuerdo de manera unánime, por medio del cual los integrantes de la Cámara Alta pedían a la PGR que, a la brevedad, informara si ya se había iniciado alguna investigación derivada de las declaraciones de Hinojosa en su testimonio rendido ante la Corte del Distrito Oeste del Estado de Texas.

Además, el punto de acuerdo de la Cámara de Senadores sostenía que en caso de que la Procuraduría General de la República aún no hubiera analizado el caso, se le exhortara respetuosamente para que determinara si era legalmente viable iniciar las investigaciones correspondientes, contemplando, en su caso, solicitar al gobierno de los Estados Unidos, por las vías diplomáticas adecuadas, copia del expediente del juicio antes mencionado.

¿Y qué pasó? ¡Nada, no obstante que el asunto lo propuso y promovió en tribuna el senador Fernando Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, el archienemigo de Fidel Herrera, quien actualmente despacha como cónsul en Barcelona, una especie de exilio dorado fraguado en la víspera de la sucesión estatal! ¿A poco de veras se “negoció” la gubernatura de Veracruz?