Primero, la ex lideresa Angélica Navarrete azuzó a los ex trabajadores sindicalizados del desaparecido Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) que, enardecidos, hicieron destrozos en el Palacio Municipal de Veracruz y bloquearon los accesos a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, a la Planta Potabilizadora de El Tejar –que abastece del vital líquido al 60 por ciento de los habitantes de esa zona conurbada– así como a los tanques de compensación de las colonias Médano del Perro y Pocitos y Rivera, además de que otros 77 pozos, que abastecen al 40 % restante de la población, fueron puestos fuera de servicio al parecer de manera intencional; pero ahora que ya vio que va en serio la demanda penal que el alcalde porteño Ramón Poo Gil anunció que interpondría en contra de quienes resulten responsables de los daños al inmueble edilicio, por el atentado a la salud de los veracruzanos y por los graves daños al parque arrecifal, la ex dirigente del sindicato “Teniente José Azueta” tuvo que persuadir a sus representados para que liberaran las instalaciones y permitieran el ingreso del personal de Grupo MAS, la nueva empresa encargada del servicio de agua y saneamiento en los municipios de Veracruz y Medellín.

Este miércoles 20, a través de su cuenta de Facebook, el alcalde Poo Gil acusó que Navarrete había ordenado retirar los equipos de bombeo del sistema de tratamiento de aguas negras de la zona norte, “dañando la polea automática para imposibilitar a Grupo MAS la operación de la planta; causando que 1,200 litros por segundo se estén vertiendo al mar, creando un daño ambiental de dimensiones incalculables”.

Posteriormente, el Ayuntamiento informó que en sólo 7 horas se habían vertido 40 millones de litros de aguas negras al Golfo de México. El regidor José González Martínez reportó un grave daño al Sistema Arrecifal Veracruzano, particularmente al arrecife de La Gallega. El edil, titular de la comisión de Medio Ambiente, declaró que fueron desconectados los equipos de ventilación que se usan para eliminar los olores fétidos de las aguas negras, lo que puso en riesgo la supervivencia biológica de las especies marinas de esa zona arrecifal. 

Por esa razón, representantes del Ayuntamiento y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente interpusieron una demanda penal contra quienes resulten responsables de este daño ambiental que, sumado al déficit en el suministro de agua potable, también afectó a los prestadores de servicios turísticos en pleno inicio del periodo vacacional. 

Ya desde la noche del martes, ante los desmanes de los ex trabajadores y su lideresa sindical, Poo Gil había reiterado su disposición al diálogo para dirimir las diferencias y solucionar conflictos, reprobando cualquier acto de violencia que perturbara la paz social.

A través de un comunicado, el alcalde acusó que “en un acto desesperado por mantener engañados y controlados a ex colaboradores del extinto SAS” y “con el objetivo de presionar a un servidor y a Grupo MAS para poder lograr sus fines de beneficio personal”, la señora Navarrete “incita a la violencia y a dañar a la ciudadanía, apagando la planta potabilizadora de El Tejar y bloqueando el acceso de trabajadores de Grupo MAS para la adecuada operación de la planta potabilizadora, y con esto surtir del vital líquido al 60 por ciento de la población de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín”.

Poo Gil pidió a los ex trabajadores y a los ciudadanos que se sumaron a sus protestas, que permitieran que los técnicos de Grupo MAS operaran la planta potabilizadora, pues dijo que al bloquear el acceso afectan a más de 110 mil familias, 27 hospitales, así como a decenas de miles de negocios de los ramos turísticos, comerciales e industriales.

El alcalde recomendó nuevamente a los ex trabajadores del extinto SAS que se acerquen a Grupo MAS y conozcan de manera personal las propuestas de contratación que existen para ellos, advirtiéndoles que la ex lideresa Navarrete “no es, ni será interlocutora entre ustedes y Grupo MAS, ella solamente los ha amenazado y engañado para que no haya ese acercamiento directo y conozcan las oportunidades de trabajo que existen para ustedes”.

Y es que la semana anterior, en respuesta a los comentarios emitidos sobre la supuesta “ilegalidad” relacionado con el proceso de inicio de operaciones de Grupo MAS, representantes de este nuevo organismo encargado del agua y saneamiento de la zona conurbada refirieron que desde el 7 de septiembre de 2015, el Órgano de Gobierno del SAS declaró la incosteabilidad del mismo, y que “desde esa fecha y hasta el 30 de junio de 2016 la situación financiera del sistema se vio agravada, por lo que el despacho PricewaterhouseCoopers emitió la actualización del informe de incosteabilidad”.

Que “derivado de la situación financiera del sistema, los Cabildos de Veracruz y Medellín, así como el Órgano de Gobierno del sistema votaron y aprobaron la extinción del SAS, siendo éste un proceso autónomo y ajeno al inicio de operaciones de Grupo MAS”; que “el proceso de extinción del SAS es válido y apegado a derecho” de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Municipio Libre, en cuyos Artículos 79, 35 y 103 señala expresamente que cuando el funcionamiento de un organismo descentralizado, desde el punto de vista económico o del interés público, deje de cumplir sus fines, se puede extinguir, siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su creación y se fijen los términos de su liquidación; que se pueden “celebrar convenios, previa autorización del Congreso del Estado, con personas físicas o morales”; que “los municipios podrán celebrar convenios, previa autorización del Congreso del Estado o de la Diputación permanente, la que se otorgará siempre y cuando la coordinación o asociación arroje un beneficio en la prestación de los servicios a los habitantes de los municipios (...)” y que “tratándose de convenios con otros municipios de la entidad, sólo se requerirá el previo acuerdo entre sus respectivos Ayuntamientos, notificándolo al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente.”

En este caso, ambos Ayuntamientos solicitaron al Congreso local la autorización para suscribir un convenio para la creación del Instituto Metropolitano del Agua, para erigirse como ente regulador del Título de Concesión otorgado a Grupo MAS, así como en titular de la infraestructura hidráulica y las autorizaciones para uso y explotación de aguas nacionales. Ello como resultado de la Licitación Pública Internacional, en la que los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo seleccionaron un socio inversionista operador de su sistema de agua, con el que se constituyó Grupo MAS