A casi dos meses de que legalmente inicie el proceso electoral municipal de 2017, el priismo en Veracruz no sólo sigue desolado por la derrota en los comicios del 5 de junio pasado, en que por primera ver perdió la gubernatura del estado, sino que también anda huérfano de liderazgos, ya que el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza no se ha dignado a visitar la entidad desde que tomó posesión como presidente del CEN del PRI, mientras que el gobernador Javier Duarte, considerado como el “Primer Priista del estado”, está bajo un proceso interno que podría expulsarlo del partido tricolor.

Para colmo, el dirigente estatal Felipe Amadeo Flores Espinosa acaba de ser intervenido quirúrgicamente y todavía anda restableciéndose. 

Todo este vacío tiene seriamente preocupados a algunos ex dirigentes del Revolucionario Institucional que consideran que a estas alturas ya debería estarse reestructurando al partido y haciendo amarres con los grupos políticos de cada región para ir perfilando a los potenciales candidatos a las alcaldías de los 212 municipios del estado.   

Y es que en los comicios municipales del año próximo ya no van contar con los recursos financieros ni con los programas públicos y el apoyo de la estructura gubernamental que  siempre recibían los candidatos priistas y sus aliados en cada proceso electoral. 

Por si fuera poco, el proceso de expulsión de Javier Duarte deberá apegarse a los estatutos del PRI y hasta es posible que se le vincule también con el desahogo de los procesos legales abiertos contra su administración por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, de cuya consignación o exoneración dependería si le retiran o no sus derechos como militante. Lo cierto es que la suerte del gobernador también terminará impactando al priismo en la próxima contienda electoral. Al tiempo. 

¡A CORRER SE HA DICHO!

Este jueves, el pleno de la LXIII Legislatura local sesionó en la Fortaleza de San Carlos, de Perote. Lo que llamó la atención fue que tres diputados priistas suplentes ocuparon las respectivas curules de los propietarios, los cuales solicitaron licencia por diferentes motivos. Corintia Cruz Oregón sustituyó a David Velasco Chedraui, quien decidió salir del estado de Veracruz desde hace un mes luego de que el ex alcalde de Xalapa supuestamente fue amenazado por un alto funcionario estatal que le reprochó no haber apoyado la designación de Francisco Portilla como fiscal anticorrupción; Gustavo Gudiño Corro, al parecer, como buen hijo habría dejado que su padre, Manuel Gudiño Rendón, disfrutara de la dieta y de otros privilegios como representante popular durante los últimos tres meses que le restan a esta Legislatura, ya que muy difícilmente la familia de la ex alcaldesa porteña Carolina Gudiño volverá a ganar una elección o posición plurinominal por el PRI o el PVEM; y, la tercera, Leticia Martínez Reyes, llegó a suplir a Raúl Zarrabal Ferat, sobre quien se especula si acaso decidió emprender la graciosa huida por temor a que la nueva administración estatal que a partir del 1 de diciembre próximo encabezará Miguel Ángel Yunes Linares le finque responsabilidades por las presuntas irregularidades en que incurrió  como secretario de Comunicaciones. Y es que ha trascendido que algunos funcionarios, desde secretarios de despacho, subsecretarios, directores y jefes de departamento habrían estado presentando sus respectivas renuncias pero que sus superiores jerárquicos no se las han querido hacer efectivas, salvo contadísimas excepciones, como acaba de ocurrir con el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el ex director del Registro Civil, Rafael Valverde Elías. Pero ayer, por ejemplo, en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) nadie podía dar con el paradero del contador público Rufino de Jesús Rivera Tejeda, jefe del Departamento de Egresos, dependiente de la Subdirección de Finanzas. 

YUNES, A CONTRARRELOJ

Por cierto, quienes conocen muy bien desde hace años a Miguel Ángel Yunes Linares, nos comentan que seguramente el ex candidato de la alianza PAN-PRD va a emprender la persecución en contra de los funcionarios de la administración duartista a partir de los primeros minutos del jueves 1 de diciembre, en cuanto rinda formalmente protesta como gobernador constitucional de Veracruz ante el pleno de la LXIV Legislatura del estado, cuyos diputados bien podrían ser citados a sesionar a la medianoche del 30 de noviembre.

Y es que a diferencia de las otras sucesiones gubernamentales –hasta la de 2010, entre Fidel Herrera y Javier Duarte–, que siempre se dieron de manera tersa y muy bien coordinadas entre los gobernantes salientes y entrantes por ser militantes del mismo partido, en esta ocasión el cambio de administración ha sido muy turbulento por la fuerte confrontación que ha ido escalando entre el mandatario priista Duarte de Ochoa y su sucesor Miguel Ángel Yunes, del PAN.

Por eso hay quienes presuponen que Yunes Linares buscará asumir legalmente el poder en una ceremonia de corte republicano programada para el primer minuto del 1 de diciembre, para que a partir de entonces él y sus principales colaboradores, entre ellos los que serán titulares de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública –a los cuales también deberá tomar protesta de inmediato–, tomen bajo su mando a los cuerpos de la fuerza pública así como el control político y la gobernabilidad del estado.

HERNÁNDEZ RIBBÓN, CON MÉRITOS

Que nadie se equivoque: si alguien de los tres magistrados propuestos para el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene suficiente mérito y carrera en el ámbito judicial es Lizbeth Hernández Ribbón, quien cuenta con más de 16 años de oficio y trabajo. 

Hernández Ribbón fue oficial administrativo en un Juzgado de Veracruz, secretaria proyectista en el Tribunal, asesora de la Presidencia del TSJE y secretaria adjunta del Consejo de la Judicatura del Estado; posee además estudios de maestría, cursos y diplomados acordes para la impartición de justicia. 

Encaja, también, en la tan anhelada equidad de género dentro del Poder Judicial de Veracruz.