¡Brrrr! Suena mi Whatsapp: “¿Es cierto que se va Javier Duarte?” ¡Plop!
Lo escribí en este mismo espacio y lo repito: No creo que se vaya. ¿Para qué se iría a tres meses que le restan de mandato? ¿Para que el pueblo vea rodar una cabeza?
Ya cayó una y simplemente no pasó nada.
Sólo hay una razón para que se vaya... Hacer un escándalo mayor que nos haga olvidar a los mexicanos el copy-past del Presidente Enrique Peña Nieto.
Considero que esa podría ser la razón por la que el titular del SAT, Aristóteles Núñez, difundió el nombre de Javier Duarte a los medios para decirles que lo estaba revisando el Servicio de Administración Tributaria.
Pero ¿qué les revisa el SAT al gobernador Duarte de Ochoa y a otros de sus funcionarios que también se mencionan, así como a empresas ventiladas en el Caso Veracruz?
Recordemos que el SAT tiene facultades para poder revisar todas las obligaciones fiscales a las que está sujeta una persona física o moral. Asimismo, mediante la revisión (comúnmente llamada auditoría) puede determinar las contribuciones o aprovechamientos que se hayan omitido y sus accesorios hasta un periodo de 5 años atrás.
Desconozco los ejercicios que les estén revisando a los funcionarios del Duartismo señalados, pero puede ser uno, dos o incluso, la autoridad puede extender sus procedimientos de auditoría una vez que haya detectado anomalías en el proceso del “arqueo”.
Lo único que se conoce es que algunos de ellos han caído en Discrepancia Fiscal ¿Qué significa eso? Que el funcionario gastó más de lo que ganaba. Incluso, hizo compras de bienes y propiedades, pagó tarjetas de crédito, hizo viajes al extranjero, etcétera; y su ingreso informado en su declaración anual, en pocas palabras, era menor y no le permite esos lujos.
Esta información la conoce el SAT a través de un cruce por diversas dependencias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución que posee toda la información financiera de las personas físicas o morales, que muestra todos los depósitos hechos a sus cuentas así como los gastos de las mismas; La Unidad de Inteligencia Financiera que analiza y detecta operaciones sospechosas de las personas y sus actividades.
Ahora, si hay discrepanciafiscal determinada por la autoridad y piensa que rodará la cabeza del funcionario, déjeme comentarle que no es así. La autoridad debe darle a conocer la discrepancia y el funcionario contará con un plazo de 20 días para comprobar el origen de sus recursos. Estoy segura que en esos periodos revisados habrá muchas “herencias”.
Si no llegara a comprobar el ingreso, el SAT le presumirá ingreso gravado así como las contribuciones omitidas para que efectúe el pago correspondiente.
Ahora, lo más grave sería que esa Discrepancia Fiscal se relacionara con lavado de dinero. Recordemos que se considera lavado de dinero al proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales como tráfico de drogas, contrabando de armas, trata de personas, prostitución, piratería, evasión fiscal, corrupción y fraude.
Desde luego que en el caso de los funcionarios del Duartismo aplicaría la corrupción, bueno, pensando de manera “positiva”. No así en la red de empresas mencionadas en el caso Veracruz, las que pudieran estar implicadas en lavado de dinero. Allí, el SAT tiene la penúltima palabra; y la última, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la encargada de presentar la denuncia en caso de que se determinara Lavado de Dinero.
Y todo este proceso llevará más de un año, como el propio Aristóteles lo dijo, incluso hasta dos si se vinculan operaciones en el extranjero.
En otro país, los investigados habrían renunciado para no entorpecer la labor de la Autoridad, pero ¿en Veracruz? en Veracruz no pasa nada.
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