Desde el pasado 21 de enero fue aprobada la primera vuelta, y aunque no había fecha para la segunda, de repente salió fast track y el día de ayer se aprobó, estando pendiente turnarla a los 212 Ayuntamientos.
Desde luego que el recinto legislativo se convirtió en una batalla campal, entre grupos de activistas, religiosas y feministas. “¡Las monjas también abortan!” o “¿quién defiende los derechos del que está en gestión?”
Es una iniciativa que ha causado gran controversia a nivel estatal y nacional. Incluso aunque muchos tachan la medida de compromiso político-religioso, estoy segura que la sesión sirvió de tiempo de descanso entre round y round contra el gobernador Duarte que se resiste a ser noqueado.
Recordando la polémica nacional, a finales de junio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo el foro “Veracruz: La Ley que criminaliza a las mujeres”, donde estuvieron presentes la diputada local electa Daniela Griego Ceballos y la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo, quienes defendieron los derechos de las mujeres.
En nota publicada el 30 de junio de 2016, el periódico Reforma entrevistó al Director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Javier Ángulo donde afirmó que “jurídicamente la interpretación es que la mujer que decidiera interrumpir su embarazo en el estado de Veracruz, tendría que ir a reeducarse al reclusorio”; asimismo señaló que “esta pena es muy rara, es única, en ningún otro Código Penal de México se incluye una norma que obligue a reeducar”. En ese momento señaló que si se llegara a aprobar se negaría la autonomía a la propia voluntad de las mujeres.
Por su parte, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que “el derecho que tienen las mujeres en la ciudad de México de interrumpir un embarazo, debería ser un derecho que se potencie hacia el resto del territorio nacional y lo que estamos viendo es exactamente lo contrario”.
Diego Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM resaltó: “En el país no hay progresividad, sino regresividad en derechos humanos; tampoco hay universalidad, sino particularidad, porque los derechos humanos, principalmente de las mujeres, están confinados a unos cuantos espacios geográficos”.
Recordemos que actualmente 14 estados permiten el aborto ante el riesgo de la vida de las mujeres. Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de abril de 2007 a mayo de 2016 en la Ciudad de México se han realizado 160 mil 170 procesos legales, y también hay datos de que un 15 por ciento de mujeres que han solicitado el proceso, no lo llevaron a cabo.
Este dato me lleva a pensar de que aprobar el aborto no aumenta su incidencia pues no todos se llevan a cabo.
“¡No criminaliza!”, me dice un amigo penalista, se protege a la vida con excepciones que están marcadas en el Código Penal, incluso puede ampliar a otras. Todo dependerá del Congreso.
Puede que tenga razón; sin embargo, considero que con la segunda vuelta, y de ser aprobada por 107 cabildos, sólo quedarán dos caminos: el amparo ante la Corte para que decida su constitucionalidad, o de plano, viajar a la ciudad de México para no caer en manos fraudulentas que pongan en riesgo la vida de la mujer.
La verdad, tengo sentimientos encontrados. Amo la vida y trato de protegerla, no importando formas y especies. Sin embargo, considero que si alguien recurre al aborto, es porque tiene motivos más grandes para hacerlo, y ésa no puede ser decisión ni del estado ni de la religión.
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