Si bien, de momento, pareció que entre el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el electo Miguel Ángel Yunes Linares se había iniciado una tregua mediática, esta semana ambos actores políticos reiniciaron sus ataques aunque, curiosamente, sin personalizarlos.   

Así, pues, luego de que este domingo, en conferencia de prensa, Yunes pidiera al presidente Enrique Peña Nieto “que intervenga de manera inmediata en Veracruz” porque “nos encontramos en situación de emergencia de seguridad pública y de finanzas públicas” –declaración que destacó en su portada de ayer el influyente diario capitalino Reforma junto a su nota principal “Simulan estados regresar 8 mmdp”, en la que se alude que sólo al gobierno de Duarte de Ochoa corresponden 4 mil 770 millones de pesos, más de la mitad de los recursos que aparentaron devolver entre los años 2011 y 2013, según la denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación–, este lunes, a través de Twitter, el priista le reviró al ex candidato del PAN que “en 6 años jamás he rehuido a mi responsabilidad y siempre he dado la cara, los veracruzanos eligen a un Gobernador no a un Gerente”.

Y es que, por tercera ocasión consecutiva, desde que oficialmente el OPLE lo declaró ganador de las elecciones del pasado 5 de junio, Yunes Linares ha estado clamando el apoyo de Peña Nieto, quien hasta ahora no lo ha recibido en la residencia oficial de Los Pinos como el mandatario mexicano ya lo ha hecho con otros gobernadores electos.

En los primeros desplegados periodísticos que mandó a insertar el lunes 27 de junio en diversos medios impresos estatales y nacionales, el panista exponía: “Presidente Peña Nieto, ¡urge su intervención en Veracruz! Los ciudadanos no vamos a permitir que Javier Duarte termine de destruir Veracruz antes de entregar el Gobierno, las decisiones que ha tomado los últimos días agravan aún más la terrible situación que se vive en el Estado y el riesgo de un grave conflicto social es inminente”.

Sin embargo, luego de más de dos meses de este urgente llamado de atención, Peña Nieto no ha volteado hacia Veracruz para buscarle solución a la grave crisis financiera y de inseguridad que prevalece en el estado. La única acción tomada por el Ejecutivo federal hasta el momento fue la de instruir a la Procuraduría General de la República a que presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad en contra del Congreso local de Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que acababan de aprobar los diputados priistas con sus aliados en la LXIII Legislatura del estado y que la oposición consideró un “blindaje” para el gobernador saliente acusado por Yunes Linares de corrupción. Este lunes, por cierto, el Pleno de Ministros de la SCJN determinó por unanimidad invalidarlas al resolver que el Congreso veracruzano no podía legislar en esta materia porque aún no se expedían las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales fueron promulgadas hasta el 18 de julio pasado.

Ahora, Yunes Linares ha insistido en que el Presidente intervenga con urgencia en Veracruz ante la emergencia en materia de finanzas y seguridad públicas. ¿Pedir el apoyo de Peña en cuyos cuatro años de gobierno no se ha visto un plan eficaz para combatir la delincuencia, prevenir la seguridad o procurar la justicia? Las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación por sí solas son escandalosas: 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va del régimen priista, aunque las estadísticas de algunas publicaciones como el semanario ZETA, de Tijuana, arrojan un número mayor: 78 mil 109 homicidios dolosos en ese mismo periodo.

Pero en materia financiera, el gobierno de Peña también ha sido un desastre. Si se compara el saldo de la deuda bruta en pesos en diciembre de cada año, resulta que en la administración del panista Vicente Fox ésta aumentó en sólo 815.463 mil millones de pesos; en el sexenio de Felipe Calderón, también del PAN, subió a 3.159 billones de pesos, y en lo que va del régimen del priista mexiquense (hasta marzo de 2016) había crecido en 3.370 billones de pesos. Este errático manejo de la deuda pública en México ha comprometido el bienestar de las futuras generaciones.

Para dimensionar el costo financiero de la deuda, cabe señalar que las participaciones a los estados (su principal fuente de ingresos) pagadas por el gobierno federal en 2015 fueron de 629.130 mmdp, lo que entonces implica que el costo financiero de la deuda representó el 64.9% del total de participaciones federales. 

Si a México le bajaran la calificación de su deuda entonces tendrá que pagar una mayor tasa de interés en sus colocaciones globales. Esto, aunado al incremento natural que tendrán las tasas de interés en México y Estados Unidos, complicarán aún más la situación de las finanzas públicas, y muestra de ello es que para el año 2017 la Secretaría de Hacienda estima que el costo financiero de la deuda será de 551.125 miles de millones de pesos, cifra 15.4% superior a la estimada para 2016. De esta manera, se espera que para el año próximo el costo financiero de la deuda aumente en 142.8 miles de millones de pesos, lo que provocará recortes en la burocracia y en el gasto de inversión.

Por lo mientras, el diputado federal priista Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja del Congreso de la Unión, anticipó la semana anterior que el Presupuesto de Egresos 2017 será el “más difícil de la historia” ya que los recortes podrían llegar hasta los 300 mil millones de pesos, equiparable al 6.3 por ciento del gasto aprobado en 2016, que alcanzó los 4 billones 763 mil millones de pesos, aunque en lo que va del año, el gobierno de Peña ya realizó dos recortes por un total de 164 mil millones de pesos: uno en febrero por 132 mil 301 millones de pesos y otro en junio por 31 mil 714 millones de pesos.. Ojalá que ello no desanime a Yunes, quien será gobernador, no gerente.