Los más recientes señalamientos contra el Gobierno de Veracruz, confirman que en está grave crisis, también el Gobierno de la República tiene un altísimo grado de culpa, pues, evidentemente los sistemas de inteligencia gubernamental, habría detectado, desde el mismo inicio de la administración en funciones, la serie de severas irregularidades a las que se sometían las instituciones del Estado, por parte de una camarilla, que convertidos en herederos de la anterior administración, encontraron el vacío necesario para desvirtuar la función misma del gobierno, dejando de lado el servir, para priorizar el servirse, eso sí, a manos llenas sin que no hubiera poder humano que los hiciera recapacitar.
De esta manera basta darse una vuelta por el Club de Golf de Xalapa, para observar la opulencia y los excesos, de esa nuestra aun clase política, que no termina de comprender, que detenerse a tiempo también es una sabia virtud.
Así es como, por donde camine, encontrará en las propiedades de legisladores como Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Tarek Adbala, y toda la horda de prominentes nuevos ricos de la generación Fidelduartista, con flotillas de camionetas que no pasa al de menos de 6 o 7 unidades –Suburbans, Escalats, Lincons- por propiedad que evidencia la prepotencia, el derroche, pero sobre todo el descaro.
Cuando a nivel nacional observas que el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal sostiene que tu entidad sigue sin comprobar 35 mil millones de pesos, solo nos queda cuestionarnos ¿Qué espera, el presidente, para solicitar la desaparición de Poderes en Veracruz?
¿Qué más debemos conocer y esperar los veracruzanos, ante las recurrentes denuncias al saqueo sistemático de las arcas estatales, cuando se señala que las averiguaciones constan en autos y están en manos de la propia titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez?
El tema de Veracruz, no es, ni dejará de ser un asunto de estabilidad nacional, que no se puede pasar por alto, un asunto donde la violencia ha llegado a niveles insostenibles, y donde hombres y mujeres ruegan al cielo, se acabe ya está verdadera carnicería.
Al tema no hay que darle mayores vueltas, los políticos son y deben seguir siendo, representantes populares, nada más, no reyezuelos, que ufanados en sus efímeros minutos de popularidad y grandeza producto de la decisión soberana del pueblo, que los coloco ahí, se erijan como personajes que asuman su papel como gerentes de una empresa a la que la exprimen, en su afán de alcanzar el máximo margen de rentabilidad, cual sin importar, que entre las patas se han llevado a media población.
La solución es y seguirá estando en sus manos del presidente, quien aún puede salvar a Veracruz, regresándole la paz y la tranquilidad de los más de ocho millones de habitantes de esta tierra.
Pero supongamos sin conceder que por las importantes tareas de su encargo, no se ha tenido el tiempo para enterarlo, aquí le dejamos amables lectores, las acciones que se pueden tomar para resolver este lastimoso problema que enfrentamos.
Según consagra nuestra Carta Magna, la desaparición de poderes es una facultad exclusiva del Senado de la República según contempla el Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se regula por la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional, misma que está vigente desde 1978, la declaratoria conlleva la desaparición de los tres poderes públicos de una entidad, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y ante esta desaparición corresponde al Senado el nombramiento de un Gobernador provisional (cuando desaparece únicamente el titular del poder ejecutivo, es decir el Gobernador y que puede ser por renuncia, licencia o fallecimiento, la facultad de nombrar a su sustituto es exclusiva del Congreso del Estado, sin intervención federal) y se establecen las siguientes causales para hacer la declaratoria correspondiente:
Cuando los titulares de los poderes constitucionales:
a) Quebranten los principios del régimen federal.
b) Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.
c) Estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
d) Se prorroguen en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los sustitutos.
e) Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.1
Sabedores de los últimos resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de Veracruz, así como la cantidad infinita de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Procuraduría General de la Republica (PGR) son suficientes para poder sustentar causales de posibles delitos, y donde se ha demostrado que en la entidad Ejecutivo y Legislativo han actuado de la mano para intentar borrar la evidencia de la serie de acciones que han llevado a la entidad hasta este estado de cosas, la solicitud de declaración de desaparición de poderes la podrán realizar los Senadores o Diputados Federales de la entidad afectada o ciudadanos de la misma entidad – con la venia del propio presidente de México, sabedores de que así es como camina el sistema-.
Esperemos que pronto se tomen cartas en el asunto, pues en la realidad no le queda mucho a Veracruz, para emplear esta última salida, de no atenderla, las consecuencias serán catastróficas para la entidad y habrán de pasar muchos lustros para recomponer el rumbo.
Al tiempo.
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