Aunque se ha cargado sobre el Ejecutivo estatal todo el peso de las múltiples derrotas legales del gobierno de  Veracruz en la Suprema Corte de Justicia, lo cierto es que el Poder Legislativo, el Congreso local, tiene aún mayor responsabilidad por haber actuado como “brazo ejecutor” de las ocurrencias que terminaron en ridículos rotundos.

El más reciente de éstos, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes anticorrupción con las que el todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa buscaba blindarse de la acción de la justicia, representó, además de lo anterior, un previsible golpe político propinado por el propio Gobierno de la República que ya provocó que se alcen voces pidiendo castigar a los diputados de la LXIII Legislatura.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Concepción Flores Saviaga, consideró que la próxima administración estatal podría iniciar un proceso para fincarles responsabilidades a los legisladores que aprobaron éstas y otras reformas que van hacia el mismo destino, como la basificación masiva de la burocracia y el pago de deudas con los recursos del impuesto a la nómina, ya que “no se están protegiendo los intereses sociales”.

Y no le falta razón. La mayoría de los diputados locales salientes han faltado a su compromiso y deber de velar por los intereses del estado de Veracruz para, en su lugar, servir como “paleros” de un régimen marcado por la corrupción y por torcer las leyes en su particular beneficio.

Uno de los “logros” de la LXIII Legislatura fue reducir a dos años el próximo periodo de gobierno estatal, con la intención manifiesta de que fuera un integrante del actual y derrotado grupo gobernante el que accediera al poder en las pasadas elecciones, a sabiendas del enorme costo social, político y financiero que ello acarreará para Veracruz, mismo que no les importó en absoluto.

También le aprobaron todas las cuentas públicas a la administración de Javier Duarte, sin objetarles nada, a pesar de las claras señales de que las finanzas públicas iban en picada y de que no había la más mínima obra a cargo del estado en todo el territorio veracruzano. El saqueo tuvo que ser evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación.

Por otra parte, la Legislatura local también ha incurrido en omisiones que igual le podrían llevar a los tribunales, como el no haber pedido al Ejecutivo la promulgación y publicación de la ya aprobada reforma al artículo 33 de la Constitución del Estado, que establece que el gobernador electo debe presentar el Plan Veracruzano de Desarrollo cuatro meses después de haber recibido su constancia de mayoría, para lo cual la administración saliente tendría que haberle entregado toda la información que solicite, lo cual, evidentemente, no ha sucedido.

El triste y servil papel de oficialía de partes del Ejecutivo que jugó la mayoría de los diputados a la LXIII Legislatura del Estado también mereció el repudio de los ciudadanos veracruzanos, que en las pasadas elecciones votaron por una integración plural del Congreso del Estado para el siguiente bienio.

El juicio social a su actuación es inobjetable, aunque poco les importe. Pero aún podrían no librarse del juicio político y hasta penal por su enorme irresponsabilidad. 

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