Pero déjeme explicarle porque.
Resulta ser que a menos de 48 horas de la privación de la libertad y homicidio de dos ministros de la Iglesia Católica en la región del Totonacapan, el súperfiscal veracruzano Bravo Contreras, ha dado ya parte del avance de sus brillantes investigaciones, al señalar que los Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, eran uno párroco y el otro sacristán.
Por si fuera poco, el famoso y celebre Fiscal, no se empacho en afirmar que el crimen “no tuvo que ver con la delincuencia organizada” erigiendo con ello, la sentencia causal del móvil del referido crimen.
Abordado por los medios de comunicación en Córdoba, el aun responsable de fungir como el representante del Ministerio Público del Estado, advirtió que “las víctimas y victimarios se conocían y estaban en una reunión donde convivían y al calor de las copas, se tornaron violentos y se dio la sustracción de las personas y del robo de cinco mil pesos de las limosnas y de dos camionetas.”
No obstante de actuar, sin un mínimo de recato, evidenciando que la presión mediática global era de tal fuerza y magnitud que había que salir al paso declarando lo que fuera para fundamentar un dicho, que solo mediante comunicados, habría fijado la autoridad estatal, pues ni el responsable de la política interior Flavino Ríos Alvarado –a pesar de que dentro de la estructura organizacional de la Secretaría a su cargo este la Dirección General de Asuntos Religiosos- , ni el aun titular del Ejecutivo, atinaron a salir a dar una versión creíble de los hechos.
Y es que lo criticable de todo esto es que el rigor metodológico de una investigación ministerial bajo los más avanzados protocolos de aplicación de justicia se pasaron por alto, para verter una salida rápida.
Quizá por ello, el ahora conocido como el “súper fiscal bateador”, se aventó otro hit, que casi saca del cuadro, al sostener tras la violencia se dio la sustracción de dinero que era la limosna que tenía el cura, se robaron una camioneta Pick-Up RAM que era propiedad del cura y un auto Lancer que ya se ubicó que es propiedad del ayuntamiento que se le facilitaban al cura”.
Fuentes muy cercanas a la Curia del Arzobispado de Xalapa afirman que los fallecidos eran presbíteros católicos, Alejo Nabor Jiménez Juárez fungía como Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Poza Rica y José Alfredo Suárez de la Cruz, despachaba como vicario parroquial, con lo que evidencia que, sus investigaciones, no pudieron siquiera determinar el cargo correcto de cada uno de las víctimas.
Para la Iglesia Católica la actitud asumida por Bravo Contreras esta carente de todo profesionalismo, es más, asegura la fuente, que es una “una salida fácil a un problema difícil”.
Considerada como una falta de respeto total, y un deseo de limpiar la imagen de este problema a toda costa, la súper conclusión de la FGE genera más preguntas, en la intentona de minimizar el asunto a un pleito de personas alcoholizadas.
Esperemos que los resultados de la autopsia, los cuales a todas luces no se practicaron, así como los datos científicos de la investigación llegada el momento se conozcan, porque hasta en el argot ministerial no es creíble que por un asalto se ejecute personas con tal saña y con el sello distintivo del crimen organizado.
A ver si de nueva cuenta nos resulta Luis Ángel Bravo, “El Gran Fiscal Bateador” del sexenio.
Sextante
Vaya que comenzará a saltar podredumbre desde los sótanos del Poder Judicial del Estado, pues se comenta que el magistrado Daniel Ruiz Morales ex titular del Tribunal Estatal de Veracruz (TEV), está en capilla por una serie de tropelías que han salido a la luz después de que dejó ese organismo. Y es que si en estos momentos anda soñando con una nominación para presidir dicho Poder, esto pareciera que se le está apestando pues se espera que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) comience a partir del próximo año a revisarle cada peso ejercido durante su gestión, pues existen las sospechas de que efectuó gastos innecesarios que en estos tiempos no son aceptables.
Aunado al hecho de que el actual presidente del Poder Judicial, Alberto Sosa Hernández ya no encuentra forma de cómo justificar los préstamos otorgados al titular del Ejecutivo con recursos de los fondos para el retiro de los trabajadores de este poder, que arrojan un monto, se sabe cercano a los mil 500 millones de pesos, de los que hasta ahora nadie sabe donde quedaron.
Al tiempo.
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