La disputa entre Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares está en los terrenos de la Secretaría de Hacienda, porque ambos se acusaron mutuamente de enriquecimiento ilícito y hasta que no se aterrice el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el único instrumento efectivo para conocer el monto de la fortuna y los bienes de una persona o una empresa es el SAT.
El SAT no va a establecer el origen de las eventuales fortunas de Duarte y Yunes. Tampoco dará con la ruta de los miles de millones de pesos que dice el auditor superior de la Federación que se han desviado en Veracruz. Este organismo de la Secretaría de Hacienda se limitará a constatar si en realidad poseen esos bienes que fueron denunciados, y si fueron adquiridos por vías legítimas.
Acaso llegue su investigación a la búsqueda de posibles "prestanombres", entendiendo esa argucia como una estrategia para evadir impuestos u ocultar operaciones con fondos obtenidos de manera ilícita.
En efecto, en Estados Unidos fue la Oficina del Tesoro la que aportó los elementos para detener al famoso mafioso de los años 20, Al Capone. (Por cierto, la sentencia contra Al Capone fue de apenas 11 años de cárcel, ya que sólo fue encontrado culpable de 5 de las 23 denuncias en su contra. Una sentencia similar para Duarte o Yunes Linares significaría que ni siquiera tocarían la cárcel). Pero ese caso fue allá, en Estados Unidos, donde existe una cultura muy distinta respecto a las leyes tributarias.
Acá el SAT está utilizando la persecución contra presuntos políticos corruptos, para echar humo en un tema que le atañe de manera directa: Los miles de millones de pesos que ha "perdonado" a unas cuantas empresas, muchas de ellas desconocidas.
El portal de noticias "Sin Embargo" dio a conocer que el SAT perdonó créditos fiscales en 2015 a consorcios reconocidos, pero también lo hizo con empresas de las que no hay rastro alguno. Según los cálculos en la investigación, 18 mil millones de pesos no les fueron cobrados a 45 empresas de las que no hay ningún registro, ni institucional ni privado.
El trabajo periodístico desnuda un uso discrecional de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cancelar créditos fiscales.
La Ley establece que se toma dicha medida cuando la autoridad fiscal comprueba que el deudor no puede pagar o cuando el monto de la deuda es menor al monto que sería necesario invertir para cobrarla.
¿Quién rinde cuentas de esas decisiones?
¿Cómo saber si no hubo una negociación subrepticia?
¿Empresas fantasma en Veracruz? Seguramente.
Pero ya lo dijo el analista del periódico El Universal Ricardo Raphael: "Todas las corrupciones habrían de ser igual de relevantes".
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