En este contexto socio político es necesario reflexionar sobre decisiones del poder como el reciente el Acuerdo Nacional para la Universalización de los Servicios de Salud, toda vez que la protección de la salud es un derecho humano consagrado en el Artículo 4° de la Constitución y, el sentido amplio del bien que protege (la salud) conduce a retomar los fundamento del Estado Social y de Derecho, o sea uno de los últimos reductos de los Estados - Nación hoy por hoy en controversia y conflicto frente políticas neoliberales que golpean al Sector salud con sus recortes presupuestales. Por tanto hay que andarse con mucho cuidado conceptual e instrumental sobre todo en un momento de agudización de la crisis económica y social del país.
El que escribe viene presenciando Acuerdos Presidenciales desde el gobierno de Ex Presidente Luis Echeverría. En particular me han merecido seguimiento analítico los relacionados con el sector agropecuario, la política alimentaria, ambiental, económica y desarrollo social. Mi tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (UNAM, 1981) consistió en el cuestionamiento integral de un Acuerdo Presidencial que dio lugar a la creación del que se llamó “Sistema Alimentario Mexicano” (SAM) mismo que por instrucciones del ExPresidente José López Portillo coordinó el Dr. Cassio Luiselli.
Para explicar el propósito de aquella juvenil investigación y su relación con el tema de la salud, compartiré una anécdota del examen profesional cuyos sinodales dieron su aprobación unánime con grado de Mención Honorífica y el comentario de uno de ellos “podría llamarse la Tesis de la Incongruencia Presidencial"; un enfoque que me ha acompañado toda mi vida y que también aplicaré en el caso del Acuerdo Nacional para la Universalización de la Salud, firmado en Abril de este año por el Presidente Enrique Peña Nieto. Siempre ha sido igual: uno es el discurso, otra es la acción, una la política formulada y otra la ejecutada, unos son los derechos humanos en la Constitución y otros en la realidad.
Adelantaré una conclusión sobre dicho Acuerdo a partir de la siguiente idea de un investigador y experto de las políticas públicas: "La implementación de las políticas públicas de carácter vertical y burocrático - que han sido las dominantes del Estado Mexicano,- pueden ser corregidas y complementadas con desarrollos de abajo hacia arriba en los que los operadores y los beneficiarios puedan tener una mayor intervención y responsabilidad" Luis F. Aguilar Villanueva. (1993) Desgraciadamente y no obstante la persistencia del discurso, tal posibilidad sistemáticamente ha quedado cancelada por diversas causas e intereses.
Expresado en otros términos, hay una larga historia de fracasos de las políticas públicas y, en materia de salud, no son la excepción.
¿Cómo se explica esta reincidencia en el fracaso? Muy simple, la fase de formulación - conceptualmente impecable - nunca ha incluido la multitud de factores y grupos de interés que actúan y son quienes determinan el proceso de ejecución de las políticas públicas, adecuándolas a su conveniencia.
El Acuerdo Nacional para la Universalización de la Salud no escapará a este fatídico destino a menos que la coyuntura política en la que hoy se inscribe, (2018) lleve a sus conductores institucionales- entre otros al Dr. José R. Narró Robles y Lic. José Reyes Baeza Terrazas, titulares de SSA e ISSSTE - a elegir el camino audaz de una estrategia como la sugerida por el estudioso arriba citado. Nada que ver con “ferias de la salud” y otras acciones hacia la población abierta. Mientras se deciden, el proceso de implementación del Acuerdo sigue los protocolos tradicionales de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, lo que lamentablemente menguará sus resultados y sobre todo, llegaran a destiempo con el reloj social y político del país, tal y como se advierte que está ocurriendo con las llamadas reformas estructurales.
Bien lo expresó recientemente Renato Alarcón Guevara, Delegado del ISSSTE en el Estado de Veracruz: "se ha dicho de todo, hasta de privatizar y hay confusión porque no hemos sabido explicar el Acuerdo del Presidente". Una limitación que no es de interpretación intelectual sino que se desprende de un error de origen, diría recurrente en las decisiones del poder presidencial (y aun del Congreso) que consiste, en este caso, en colocar en el mismo tablero la reestructuración administrativa interna del sector salud y el respeto a los derechos humanos (Cláusula Cuarta del Acuerdo.) También en el mismo rango, la coordinación institucional y el desarrollo de una cultural de la salud (Cláusula Décima) de 120 millones de mexicanos. Una revoltura que no tiene mesura. Respeto a los derechos humanos y cultura de la salud son asignaturas pendientes más que por falta de Acuerdos Presidenciales por la falta de Acuerdo entre los mexicanos y de su exclusión de una Reforma del Estado inconclusa.
En la siguiente entrega abordaré las demás cláusulas del Acuerdo. (Espero terminarlo antes de mi intervención quirúrgica en el Hospital 20 de noviembre)
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