Este jueves, por cuarto día consecutivo, maestros afiliados a diferentes sindicatos volvieron a manifestarse en Xalapa y en otras ciudades y poblaciones del norte, centro y sur de la entidad para exigir el pago de sueldos, bonos y otras prestaciones que todavía les adeuda el gobierno de Javier Duarte a escasos 61 días de que concluya su administración.

Nuevamente bloquearon los principales accesos carreteros de la capital veracruzana, cerraron calles y avenidas, suspendieron clases y tomaron edificios de dependencias estatales. En otras regiones de la entidad también paralizaron las vías de comunicación.

Las movilizaciones de los maestros han ido creciendo y no se avizora una solución inmediata a sus demandas porque el gobierno del estado –pese a lo que dicen sus más altos funcionarios, de que las finanzas públicas están “sanas”– carece de suficiente liquidez para resolver pronto y satisfactoriamente los compromisos que tiene pendientes no sólo con el magisterio de educación básica, media y media superior, sino también con la Universidad Veracruzana, cuya rectora Sara Ladrón de Guevara mandó a insertar este lunes en diarios de la Ciudad de México una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para exponerle que la máxima casa de estudios de Veracruz atraviesa por una situación crítica, al grado que sólo cuenta con recursos para el salario de profesores y personal administrativo, además de haber tenido que cancelar diversos programas educativos, lo que, por cierto, le valió que el crítico académico universitario Hilario Barcelata Chávez le corrigiera la plana al considerar como “inoportuna, infundada y tardía”  su misiva en la que le solicita al Presidente de la República que intervenga para que antes de que termine el sexenio duartista el gobierno del estado pague la enorme deuda que mantiene con la UV, la cual ascendía hasta el 31 de agosto de este año a 2 mil 388.2 millones de pesos.

Según apunta Barcelata, “ni el ‘latrocinio anunciado’ ni la ‘afrenta destructiva’ podrán consumarse por más que Javier Duarte se haya empeñado, y por más que ya no sea gobernador”. El economista le aclara que “la deuda no caduca por el cambio de gobierno, porque la obligación de pago no es personal sino institucional, exigible al gobierno que termina o al próximo que llega. Por su naturaleza jurídica es imposible cancelar esta deuda sin haberla pagado. Suponer que el ‘latrocinio se consuma’ porque el gobierno de Duarte termina, no tiene fundamento legal puesto que el próximo gobierno está obligado a pagar.”

También cuestiona que la Rectora solicite al Presidente “que se le retengan al gobierno sus recursos y se le entreguen a la UV”, ya que, puntualizó, “eso no es posible porque la Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 9° que las Participaciones Federales (único fondo que se le podría retener al gobierno estatal para pagarle a la UV) ‘…son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención…’, salvo cuando haya sido comprometidas como garantía de fuente de pago de deuda pública. Es decir, la petición de la Rectoría está infundada legalmente y por ello no tiene posibilidades de ser escuchada y mucho menos atendida por el Presidente de México, quien de actuar del modo en que se le solicita, ordenando a la SHCP que retenga esos recursos, provocaría que el gobierno del estado interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganaría muy fácilmente.”

Barcelata le recrimina que “los universitarios hubiéramos preferido esta carta en un contexto diferente”, después de las marchas de febrero y marzo, “justo en pleno proceso electoral”, cuando “el gobierno del estado estaba preocupado por la amenaza que le representaba la movilización universitaria”. Justo en ese momento, dijo, “se requería de una acción firme y decidida de parte de las autoridades universitarias para presionar al gobierno de Duarte (…) que ya se sentía acorralado, (…) porque las elecciones estaban a punto de suceder y el triunfo del PRI estaba en entredicho. En cambio, el Consejo Universitario (a propuesta de la Rectora) decidió declarar una antipopular ‘veda electoral’ prohibiendo la realización de marchas para exigir el pago de la deuda.”

El economista reprochó que “la orden era no marchar y no marchamos, mientras la deuda seguía creciendo día a día”, y que “cuando el Consejo Universitario aceptó una nueva movilización, frente a una creciente presión de grupos de académicos (incluido nuestro Colectivo en Defensa de la UV) ya no había ánimo, ni interés, ni disposición. Los universitarios estábamos decepcionados de nuestras autoridades, de quienes sospechábamos habían decidido facilitarle las cosas al gobierno del estado, a costa de perder la oportunidad de cobrar la deuda.”

“Hoy, a la autoridad universitaria ya se le agotaron los recursos para hacer que Duarte pague la deuda. Incluso el recurso de las marchas, pues la comunidad universitaria difícilmente volverá a movilizarse en contra de este gobierno, no por falta de interés, sino por lo inútiles que resultaron las pasadas protestas, dada la posición asumida por las autoridades universitarias”, consigna Barcelata, quien advirtió que “falta ver cuál será la reacción de los trabajadores universitarios” si a finales de este año no les pagan sus aguinaldos. “A nosotros sí nos queda un último recurso: tomar la Rectoría”, amagó.

Si de veras el recurso de las marchas ya está “agotado” como afirma el académico, ¿entonces qué otra forma de presión le quedaría a la Rectora? Quizá lo más efectivo y hasta saludable para doña Sara y algunos de sus colaboradores como la secretaria de Administración y Finanzas, Clementina Guerrero, sería ponerse en huelga de hambre como la semana pasada lo hizo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, quien luego de 36 horas de ayuno logró que el gobierno del estado y la Federación, a través de la SEP, le anticiparan 100 millones de pesos para el pago de la nómina de octubre, ya que al igual que Duarte en Veracruz, el gobierno perredista de Graco Ramírez Abreu le ha retenido el subsidio por las críticas y manifestaciones que aquella comunidad universitaria ha realizado en contra del gobierno estatal por la inseguridad.