De todas las denuncias penales que hasta hace un mes se habían promovido formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Miguel Ángel Yunes Linares por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la única que aparentemente más les preocupaba a los abogados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN era la que la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) había presentado el lunes 8 de agosto.

Como ya se sabe, la tarde de ese día, Javier Martínez, representante legal de la Sección 32 del SNTE, acudió ante las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR para interponer la denuncia contra el gobernador electo de Veracruz.

La organización gremial señaló que Miguel Ángel Yunes Linares (MAYL), en sus casi cuatro años como Director General del ISSSTE –de diciembre de 2006 a febrero de 2010– “acordó con la empresa CONSUPAGO para que les prestara dinero a los maestros que cotizaban ante el ISSSTE, a quienes les descontaban directamente de su nómina salarial ese préstamo, aplicándoles intereses muy altos” y que “a cambio, CONSUPAGO con el dinero que cobraba por estos préstamos, le pagaba una gran ‘comisión’ (mordida) a 3 empresas propiedad de MAYL y de su familia directa.”

Las empresas señaladas en su denuncia por la Sección 32 del SNTE son “Cobranza y Recuperación, S.A. de C.V.” en la que sólo participan su esposa Leticia Isabel Márquez Mora y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez; “Corporate Linkage, S. A. de C. V.”, en la que mencionan a MAYL como administrador y accionista junto con su esposa Leticia y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando, e “Intermediación Corporativa, S.A. de C.V.”, en la que también lo ubican como administrador y socio únicamente de sus hijos Omar y Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Según la denuncia de la Sección 32 del SNTE, “evidentemente para poder cubrir las ‘comisiones’ y poder pagar a las empresas de MAYL, CONSUPAGO tuvo que elevar el porcentaje de los intereses y captar el mayor número de personas posibles que pidieran créditos, por lo que a costa del patrimonio de los trabajadores, obtuvo cientos de millones de pesos mediante sus empresas.”

Señalan que “el ISSSTE es un organismo cuya obligación es velar por el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado (y los pensionados, jubilados y familiares derechohabiente); de allí que lo que más ofende es que MAYL, cuando se le confió estar al frente, se aprovechó de la necesidad de los trabajadores utilizándola como un medio para hacerse multimillonario.”

Finalmente aseguran que “contamos con las pruebas que acreditan sin lugar a dudas lo aquí afirmado, y que harán que MAYL pague por este abuso.”

En su edición de este lunes 12 de septiembre, el diario El Universal publicó casualmente que la PGR, a través de un oficio fechado el pasado 31 de agosto, solicitó al director general de Catastro y Valuación de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz, Domingo Yorio Saqui,  con carácter de “urgente y confidencial” un nuevo informe no sólo sobre las propiedades inmobiliarias que tiene en Veracruz Yunes Linares y su familia, sino también sobre la sociedades mercantiles y empresas de cobranza en las que tienen participación los miembros de la familia Yunes Márquez, entre ellas las tres señaladas específicamente en la denuncia penal interpuesta por la Sección 32 del SNTE. 

Según el diario capitalino, los datos solicitados en este nuevo oficio girado hace un par de semanas al titular de la Dirección de Catastro, forma parte de la indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 que la PGR inició desde hace un año en contra de Yunes Linares por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado.

La agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR urge al director de Catastro del estado de Veracruz a entregar de inmediato los datos solicitados sobre el gobernador electo, su esposa e hijos, “en virtud de que dicha información resulta necesaria para continuar con la integración de la presente indagatoria, por lo cual se le fija un término de 3 horas para remitir dicha documentación, apercibido que de no hacerlo esta autoridad podrá hacer uso de las medidas de apremio que contempla el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales”.  

Llamó la atención que este lunes, día en que trascendió dicha información, Yunes Linares no emitiera un comunicado ni hiciera alguna declaración al respecto, a diferencia de hace un mes cuando arremetió en contra del diputado local priista Juan Nicolás Callejas Arroyo, guía moral de la Sección 32 del SNTE, a quien señaló de ser utilizado para realizar “trabajos sucios” y advirtiéndole que de él se encargaría a partir del 1 de diciembre próximo, cuando asumiera constitucionalmente la gubernatura. Pero… ¿llegará?