Pero, no, la de Duarte no llamaría la atención ni del productor Epigmenio Ibarra, y su agencia Argos Televisión, que inauguró una nueva forma de hacer telenovela en México y ayudó a transformar el género a finales de los 90, con series como Nada personal y Mirada de mujer.
Y no podría porque, como se ha visto plenamente, los derechos sobre la vida y obra de este mitómano y cleptómano le pertenecen a Televisa, y ya sabemos cómo se las gasta esta empresa para prolongar los capítulos de sus programas exitosos o los saca del aire cuando se han convertido en aburridos o insubstanciales.
Que el SAT investiga a Javier Duarte por lavado de dinero, que pedirá licencia a su puesto ese mismo día o que un juez le ha girado una orden de aprehensión al mismo tiempo que él escapa de Xalapa en un helicóptero que ya no sabemos si era del Gobierno del Estado o del dirigente de la CNC local, Juan Carlos Molina, porque ambos han desechado la información y han ofrecido las bitácoras de vuelo para desmentirla, en todos los casos ha participado Televisa, como una graciosa concesión de Enrique Peña Nieto para saldar el olvido y la afrenta de romper con el duopolio, afectando a quienes lo encumbraron hasta hacerlo Presidente de la República.
Todo puede ser un guion de telenovela
Lo grave, lo realmente grave, es que todo esto que ha ocurrido en los últimos días (la salida de Javier Duarte y su desaparición en la secrecía de un hipotético autoexilio) puede ser tan fantástico y tan insulso como las historias de Cachirulo o las falsas rudezas de una telenovela basada en la delincuencia: una mera forma de entusiasmar a la audiencia sin que se le cumplan sus expectativas.
¿Y por qué digo esto? Porque todas las esperanzas de los veracruzanos en torno a la suerte y destino del mayor villano de los últimos años puede terminar en un verdadero fraude político-jurídico.
¿Que pague por sus inimaginables fechorías? Lo que ha salido a la luz sobre la sustancia del litigio: peculado, delincuencia organizada e incumplimiento de funciones, todo ello relacionado con la creación de empresas fantasma que permitieron que unos 500 millones de pesos del erario fueran desviados para la adquisición de bienes inmuebles en beneficio de particulares, con la participación de varias personas cuyos nombres se han mantenido en secreto, no representa ni siquiera la parte más importante de lo que hizo Javier Duarte como gobernador.
Ya hemos visto que el gobierno federal puede perdonar todo, menos que se le defraude a él mismo, es decir, pueden robarse recursos federales, pero jamás desviar lo que se destina a impuestos.
Lo que pasa es que no fue lo más fuerte que suponemos robó la pandilla duartista. ¿Qué son 500 millones ante más de 40 mil millones de pesos de cuyo destino no hay una sola pista? Para colmo, el gobierno de Duarte no solo fue ladrón; se le reconoce como un gobierno que, por pasividad o con protagonismo, fue pródigo en la comisión de múltiples delitos tanto financieros como del orden común.
Los asesinatos de periodistas, su supuesta vinculación con el crimen organizado, la desaparición de personas a manos de las fuerzas policiacas (varios de los cuales desaparecieron como si hubieran sido abducidos por una nave espacial), la actividad de policías que operaban como bandas criminales, el negocio del secuestro, el robo a trabajadores y empleados públicos desde la misma nómina, la venta de plazas o el cobro de piso a empleados para mantener su empleo; el acoso sexual a trabajadoras, el desvío de recursos públicos hacia el PRI (y Morena, como en la elección del pasado 5 de junio), son apenas unas cuantas fechorías que deben ser castigadas tanto a Javier Duarte como a casi todos sus funcionarios.
¿Que sea castigado tan severamente como se lo permita el régimen a las instituciones judiciales? Difícilmente, si solo se le acusa o se le aprehende por los delitos señalados no por la autoridad sino por Televisa en su noticiero ‘10 en Punto’, que conduce Denise Maerker Salmón. Y es que hasta el momento no ha habido confirmación oficial, aunque ya nos están obligando a considerar oficial lo que digan los padres y madres celestiales de la televisión privada.
No por nada el leal Sancho Panza del quijotesco Duarte, Juan Nicolás Callejas Arroyo, declaró que dependerá de los delitos de que se le acuse para saber si va o no va a la cárcel, pues puede ser mera parafernalia mercadológica que termine en la condena por un delito no grave que sea salvable mediante una módica caución. Y entonces tampoco sería posible que pase buena parte de lo que le resta de vida tras los barrotes de una prisión federal y, por supuesto, tampoco se le podrá exigir que regrese los recursos que presuntamente se ha robado.
Todo esto puede ser lo que siga en los siguientes capítulos de esta pésima telenovela en que, por desgracia, los veracruzanos hemos sido contratados como extras para deambular sin decir palabra por los foros.
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