El veredicto de esta máxima instancia jurisdiccional había despertado expectación ya que se consideraba que podría ser crucial y marcar desde ahora el derrotero de la próxima sucesión presidencial, pues la jerarquía eclesiástica, a través de la movilización de organizaciones sociales muy afines y de sus voceros, ha advertido a la administración priista del presidente Enrique Peña Nieto que seguirán convocando el voto de castigo en los procesos electorales de 2017 y 2018 en repudio a las políticas públicas del gobierno priista que se contraponen a determinados valores esenciales del catolicismo.
Por supuesto que la confrontación actual de la Iglesia católica mexicana con Peña Nieto no es del mismo nivel que la que se dio entre el clero y el presidente Plutarco Elías Calles de 1926 a 1929; sin embargo, las diferencias políticas entre la jerarquía eclesiástica y el jefe del Ejecutivo federal han ido escalando a partir de la iniciativa presidencial que pretende legalizar los matrimonios igualitarios. La Iglesia ha convocado a sus feligreses a marchas de protesta mientras que sus ministros no sólo han endurecido sus críticas hacia el gobierno federal en sus homilías sino que además, con un irónico acento homofóbico, han recurrido al escarnio para ridiculizar públicamente al Presidente.
El 31 de mayo de este año, por ejemplo, una semana antes de las elecciones locales en Veracruz y otros 11 estados del país, el obispo de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, criticó la iniciativa de ley para legalizar los matrimonios igualitarios promovida por Peña. “¿No será que anda buscando ‘gavioto’ en vez de ‘gaviota’?”, dijo en tono burlón el clérigo.
Igual ocurrió en Aguascalientes, donde desde el 8 de mayo el obispo José María de la Torre Martín difundió una carta pastoral con motivo de las elecciones del 5 de junio en la que, entre otras cosas, pidió responsabilidad civil ya que, expuso, “para un católico hay valores no negociables, que deben ser promovidos y protegidos, especialmente para quienes se dedican a la política”, sugiriendo votar por los candidatos que antepongan la vida y el matrimonio entre hombre y mujer, lo que la derrotada abanderada Lorena Martínez, del PRI, consideró una inducción a favor del contendiente triunfador Martín Orozco, del PAN.
Inexplicablemente, la Secretaría de Gobernación, a cargo del priista Miguel Ángel Osorio Chong, ha mostrado una inédita tolerancia ante los improperios de estos obispos y su abierto desafío llamando a votar o no votar por tal o cual partido, no obstante que el artículo 130, inciso E, de la Constitución establece que los ministros religiosos “no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación alguna” y que “tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.”
Sin embargo, el clero alentó a su feligresía a movilizarse contra la legalización de los matrimonios igualitarios. Las convocatorias, para las marchas de 10 y 24 de septiembre, fueron hechas por el Frente Nacional por la Familia (FNF), un movimiento social vinculado a la Iglesia católica y en Veracruz liderado por personajes afines al PAN.
Precisamente el martes 13 de septiembre, tres días después de la primera marcha nacional, Rodrigo Iván Cortés, vocero de este Frente, se encargó de recordarles a los priistas que quienes menosprecian la oposición que se ha construido alrededor del matrimonio igualitario cargarán con costos electorales en las votaciones de los próximos dos años. Y al referirse a la primera movilización que simultáneamente se realizó en más de 120 ciudades del país, entre ellas varias del estado de Veracruz, el portavoz del FNF afirmó: “Cualquier político que se jacte de tener sensibilidad social, tiene que hacer una lectura de lo que pasó el 10 y llegar a la conclusión de que si por primera vez en la historia reciente sale una cantidad de gente así, esto va a tener costos políticos. Costos como el que ya se dio el 5 de junio en las elecciones locales, cuando llamamos a un voto de castigo al Presidente. Más de un millón de personas: váyanle midiendo para 2017 y 2018”.
Por eso no fue casual que la dirigencia nacional del PRI haya denunciado ante el TEPJF que tanto en Aguascalientes como en Veracruz se trastocó de manera grave y sistémica el principio de separación Estado-Iglesia en beneficio de los abanderados del PAN, promoviendo el voto en favor de candidatos con perfiles afines al catolicismo.
En el caso de Veracruz, el PRI presentó declaraciones del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y de su vocero, el presbítero José Manuel Suazo, en contra del gobierno estatal. Además exhibió una carta pastoral firmada por los ocho obispos del estado donde se pronuncian a favor de políticos que aseguren un contundente “sí a la vida” y un basta a la violencia, a la corrupción y a la impunidad. También denunció una campaña en redes sociales para promover el voto católico.
Sin embargo, al igual que como lo acaba de determinar la Sala Superior del TEPJF en el caso de Aguascalientes, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz consideró que no había elementos suficientes que ameritaran anular la elección aunque sí ordenó sancionar al Arzobispo y a su vocero por oponerse a las leyes del estado, pues en su sentencia el TEEV consideró que la Iglesia católica y sus líderes desplegaron una campaña de promoción del voto.
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