Una vez que se declaró abierta la temporada de caza de los políticos corruptos, más de uno se pregunta si esa especie que amenaza con convertirse en plaga, sólo habita en los cotos del PRI y del PAN. De pronto más de uno ha volteado a revisar la actuación de servidores públicos respaldados por el PRD y, más aún, algunos están llamando la atención de sobre la opacidad de funcionarios surgidos de Morena.

Veracruz fue el primer territorio priista abierto a la cacería de brujas, y en el experimento se construyó una interminable lista de prospectos para terminar tras los barrotes. Desde la más alta autoridad de la entidad, como el gobernador con licencia Javier Duarte, hasta funcionarios menores, como directores, contralores internos y hasta las secretarias de algunos de los funcionarios señalados.

Acá en Veracruz ha provocado tanto ruido la persecución de Duarte y sus testaferros, que ya pocos se acuerdan que hay averiguaciones abiertas en contra del gobernador electo, el neopanista Miguel Ángel Yunes Linares. Esto podría hacer suponer que acá también sólo los rojos y los azules tienen las manos sucias... y no es así.

El PRD tiene su buena cuota de corrupción. En este reparto de culpas no tardará en salir alguien que testifique sobre las millonarias aportaciones que hicieron el gobierno priista de Javier Duarte por un lado, y la banda de nuevos panistas por el otro, unos para echar por tierra la alianza PAN-PRD, y otros para ratificarla.

Sobre Morena no son pocos los que conocieron el mecanismo para hacerles llegar recursos del gobierno estatal durante las campañas previas a la elección del pasado 5 de junio. 

En este mismo espacio se dio cuenta de una operación en la que se triangulaban fondos de un programa para la prevención del delito, en el que se involucraban cuentas de las Secretarías de Educación y de Seguridad Pública, para finalmente trasladarlos a los bolsillos del candidato del candidato de Morena a la gubernatura.

Así pues, con la temporada de caza abierta, no serán pocos los que, a pesar de portar su escopeta, terminen siendo cazados.

En el momento que decidieron dar un golpe de autoridad y castigar a quienes, según sus propios cálculos, se habían excedido en el abuso del poder, también deben haber asumido que esto generará daños colaterales y muchos otros que se mantuvieron discretos, mesurados, pero que también medraron de las arcas públicas, podrían quedar expuestos ante la opinión pública y, en consecuencia, ante los tribunales.

Por cierto, a propósito de guardar mesura, en Quintana Roo el gobernador Carlos Joaquín promueve una reforma de disciplina financiera para ahorrar mil 600 millones de pesos durante 2017.

De ese dinero, 300 millones de pesos irán para becas; el pago de 360 millones de pesos retenidos y no enterados a Hacienda y 580 millones para deudas con proveedores.

¿Alguien ha escuchado al gobernador electo de Veracruz hablar sobre algún plan para abatir el creciente gasto operativo de la administración estatal?

¿Alguien sabe, acaso, de dónde salen los recursos con los que el gobernador electo y su staff trabajan desde el 5 de junio hasta la fecha?

Llegará el momento en que Javier Duarte ya no sea noticia y los veracruzanos voltearán a ver lo que está haciendo el próximo gobernador. 

Ya no valdrán las escusas.

Todos estarán a la espera del cumplimiento de sus promesas de campaña, las otras, además de la de meter a la cárcel a Duarte.

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