Al reclamo de los perredistas se sumaron los alcaldes panistas y hasta algunos priistas –que ni en sueños se hubieran atrevido a hacerlo si las condiciones políticas fueran distintas-, quienes se quedaron en las oficinas y pasillos de la sede del Poder Ejecutivo del estado todo el fin de semana, demandando el pago de los adeudos.
Pago que no se ve para cuándo pueda realizarse, ya que el dinero fue utilizado para otra cosa, como tuvo que admitir, ya no se sabe si en un arranque de sinceridad, desesperación, cinismo o una mezcla de los tres, el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín.
“Lamentablemente traemos un problema grave en el estado de una falta de flujo económico importante, que implica cerca de diez mil millones de pesos al año. Y para poder atender ese flujo, para poder atender el gasto corriente, para poder atender a los pensionados, para poder atender las nóminas, tenemos necesidad y a veces obligación, de hacer algunos movimientos económicos”, dijo el funcionario para justificar el uso de recursos etiquetados para los ayuntamientos en fines distintos a los que fueron destinados, lo cual constituye un delito.
Además, el problema es que esa “falta de flujo económico” a la que alude Gómez Pelegrín no surgió por “generación espontánea”. Fue causada por el monumental desaseo financiero y administrativo del gobierno estatal –ampliamente documentado en este espacio desde hace al menos dos años-, que se tradujo en un déficit demencial, en un boquete de diez mil millones de pesos anuales, que provocó el desastre actual en el que no hay día que no se colapse la capital veracruzana por las inacabables protestas de trabajadores de todos los órdenes, que exigen lo mismo: que se les pague lo que se les debe.
Tan sólo en la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio de 2015, el Órgano de Fiscalización Superior determinó la existencia de un probable daño patrimonial por nueve mil 231 millones 889 mil 559.62 pesos, y el monto podría ser incluso mayor. Partiendo de ahí, el desastre es más que entendible. Pero de ninguna manera justificable.
Veracruz tocó fondo. Y todavía nadie ha pagado por ello.
Cambiando de chaqueta
Llama la atención la inclusión de priistas en activo en el equipo de transición dado a conocer por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. En particular, el alcalde de Perote, Paul Martínez Marié, quien se supone formaba parte del grupo político del senador José Francisco Yunes Zorrilla, y que apareció como integrante de los comités de entrega-recepción de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico y Portuario.
Por lo visto, ya comenzó la temporada de “chaqueteros”, por aquello del cambio de “chaquetas” políticas por conveniencia. ¿Cuántos más abjurarán de sus lealtades para saltar al nuevo barco?
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