Comentó Antonio Gómez Pelegrín, hoy sexto ex titular de Sefiplan en este gobierno que fenece, que Javier Duarte daba la instrucción de tomar recursos federales etiquetados para utilizarlos para el pago de gasto corriente o nómina, y lo primero que nos viene a la mente es “desvío de recursos”.

Sin embargo, después de la nota publicada en “Reforma” el día de ayer, no sé si aclara o complica más la actuación del Gobernador con licencia con respecto a estas participaciones.

La nota en comento dice que “Duarte hizo efectivo el decreto 289 del Congreso del estado, publicado el 5 de agosto de 2011 en la misma gaceta, que le autorizó destinar partidas federales para rubros ajenos a los previstos”, pero también cita un acuerdo que el mismo Gobernador decidió, por las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado de Veracruz, que el titular de Sefiplan podía coger de las participaciones federales para gasto corriente.

II

Entre los diputados del PRI que autorizaron el “arañazo” a las participaciones federales llama mi atención algunos, como Eduardo Andrade Sánchez, hoy magistrado; Flavino Ríos Alvarado, ex secretario de Educación, de Gobierno y mandatario estatal interino; Papo Levet Gorozpe, miembro del Consejo de Administración del IPE; Carlos Aceves Amezcua, hoy funcionario del Cobaev y en un momento, precandidato a la alcaldía por Xalapa, por citar a algunos.

No recuerdo, pero habría que preguntarle también al dirigente del PRD, Rogelio Franco Castán, quien era plurinominal en esa época, cuál fue su posición al respecto cuando se dio esa autorización que, si la memoria no nos traiciona, tuvo 35 votos a favor, 13 abstenciones y un voto en contra.

En el caso de esa bancada del PAN, había 11, que si se abstuvieron, más valor hubiera tenido su voto en contra.

En conclusión, pudiera decir que Javier Duarte de Ochoa y los titulares de Sefiplan, incluyendo Antonio Gómez Pelegrín, actuaron de acuerdo a lo establecido tanto por un Decreto de “nuestros” diputados de la LXII Legislatura como por un acuerdo de “nuestro” gobernador fugitivo.

III

Algo más que agregar. Dentro del decreto, se marca lo siguiente que llama más la atención:

En su artículo Sexto, se dice que el Gobernador, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, deben notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y/o la Tesorería de la Federación, la afectación de las participaciones federales del Estado.

Bajo un supuesto de que así se hubiera ejecutado, debemos entender entonces que la Federación, vía Hacienda, estaba enterada del destino que se le daba a las participaciones federales.

Algo más, ya nada más para rematar, enfatizo lo que Tula Guerrero dijo al tomar posesión de Finanzas: “recursos que lleguen a Sefiplan serán ministrados conforme a la Ley”... ¡ojo! porque si es así de estricta, tendrá que actuar conforme lo hizo y sostuvo su antecesor… a menos que ya el Gobernador electo esté pensando seriamente en echar abajo el acuerdo de su ante-antecesor…

smcainito@gmail.com