Por su parte, el presidente de la Barra de Abogados de Orizaba, Miguel Ángel Salazar Torres afirmó que el procedimiento de liberación de un título en la máxima casa de estudios de nuestra entidad es lento y fastidioso, sin embargo, a Rogelio Franco Castán se lo dieron en tan solo 10 días y no se explican ¿cómo lo logró?
Pero como dice el dicho, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre. Es decir, la culpa no la tiene el secretario de gobierno Rogelio Franco Castán, sino las autoridades de la Universidad Veracruzana que se prestaron a facilitar un trámite tan cuestionado y que viene a darle al traste al buen nombre del Alma Mater de muchos veracruzanos, institución que de acuerdo a un artículo del periódico El Economista publicado en octubre pasado, se encuentra en el lugar 12 del ranking nacional de universidades.
Aquí habría que recordar que durante el gobierno del licenciado Miguel Alemán Velazco cobró relevancia la Universidad Virtual de San Luis Potosí, en la que varios de los miembros del gabinete estudiaron ¿ajáaa? y salieron ante los medios a presumir sendos títulos que los acreditaban como “licenciado” y con lo cual pudieron ocupar puesto de relevancia en el gobierno estatal. ¿Nombres?, mejor me los reservo, aunque miles o quizá millones de veracruzanos los recuerdan perfectamente y saben a quiénes me refiero.
En el Francogate, el tema ya se les escapó de las manos, porque tanto quieren justificar, que ellos mismos se enredan y a caso la solución podría ser más de forma que de fondo, más administrativa que legaloide.
Me explico. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave en su Capítulo III, Artículo 51 mandata que “Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública deberán ser veracruzanos y contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y cumplir con los demás requisitos que establezca la ley”.
¿No era más sencillo nombrar a Rogelio Franco Castán como “encargado de despacho” con todas las atribuciones y responsabilidades, pues la ley es muy clara con respecto a la obligatoriedad de una licenciatura para los “TITULARES” de las dependencias, pero la ley no especificada nada para los encargados de despacho. Y conste que no se trata de una ocurrencia mía, ya ha sucedido en gobiernos anteriores y de esa forma se ha logrado salvar ese obstáculo.
¿Para qué entonces tanto brinco estando el suelo tan parejo?, ¿para qué darle en la madre al buen nombre de nuestra universidad?, como dijera el divo de Juárez, Juan Gabriel, pero qué necesidad ¿o no? Usted dirá…
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