Pero sin lugar a dudas que el cinismo con que actuaron los miembros de la banda de Javier Duarte fue el detonante entre la población veracruzana, que en las pasadas elecciones estatales le propinó al partido oficial en el poder, la también histórica derrota del Poder Ejecutivo.
Es que prácticamente en todas las dependencias se desviaron los recursos económicos, que deberían de haber servido para pagar jubilaciones, sueldos a los maestros, las partidas presupuestales para los municipios, son solamente unos cuantos ejemplos de los miles de millones de pesos que fueron a parar al patrimonio personal de la camarilla de delincuentes.
En las cinco cuentas públicas de la administración de Javier Duarte de Ochoa dadas a conocer hasta la fecha -la última se dará a la luz pública hasta el año próximo- revelan algunos montos del “daño Patrimonial” como se denomina pomposamente para referirse al dinero que fue desviado de su destino y que nadie sabe a donde fue a parar.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) -contabilizó un faltante por 10 mil 358 millones de pesos durante los primeros cinco años del gobierno de Duarte- pero el monto seguramente será mayor, ahora que con el nuevo gobierno de Miguel Angel Yunes Linares se apliquen auditorías internas a cada una de las dependencias estatales.
El año de mayor saqueo, de acuerdo con los documentos del ente estatal, correspondió a 2015, cuando se diagnosticó un "daño patrimonial" por nueve mil 231 millones de pesos.
La dependencia que aparece con más frecuencia en los expedientes negativos de la Cuenta Pública de Veracruz es la Secretaría de Infraestructura, que desde marzo de 2013 es dirigida por Tomás Ruiz González, quien también fue presidente del partido Nueva Alianza, director de la Lotería Nacional, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), director de Banobras y secretario de Finanzas en el arranque del gobierno duartista.
En 2012, la Secretaría de Infraestructura presentó desvíos por 44.6 millones de pesos, lo que afectó la realización de 17 obras; en 2013 se detectó un daño patrimonial por 12.5 millones de pesos; en 2014 el desfalco fue por 14.5 millones en deterioro de cuatro obras, y en 2015 el faltante fue de 40.3 millones, en perjuicio de 19 obras.
En conjunto, durante los primeros cinco años de la administración de Javier Duarte, la corrupción obligó a la cancelación de 12 proyectos para la construcción de caminos rurales, la suspensión de 11 puentes, el abandono de 11 proyectos para ampliar la red de distribución de agua potable, la cancelación de ocho obras para dotar de drenaje a zonas urbanas del estado, la postergación de ocho programas de pavimentación, ocho proyectos para tratamiento de agua, cuatro obras deportivas, cuatro obras viales y dos obras de electrificación.
Otra de las dependencias que aparecen con mayor frecuencia en los desvíos de recursos documentados por el Orfis es el Instituto de Espacios Educativos, instancia creada en 2009, penúltimo año del gobierno de Fidel Herrera, y cuya misión es "construir más y mejores espacios educativos, contribuyendo así a la obtención de una educación de calidad en el Estado, así como administrar y aplicar los programas relativos a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los espacios destinados a la educación".
El organismo tuvo cuatro titulares en todo el sexenio y los malos manejos financieros durante los primeros cinco años se reflejaron en 28 escuelas, donde la corrupción impidió que se construyeran aulas didácticas, servicios sanitarios, cooperativas, bibliotecas, patios, explanadas y canchas.
También se cristalizó en 16 instituciones educativas que ya no recibirán servicios de mantenimiento y rehabilitación como pintura, impermeabilización, reparación de ventanas, mantenimiento a instalaciones eléctricas, remozamiento de muros y techos, así como cambio de pizarrones, debido al malo uso de los recursos.
El apoyo a los grupos vulnerables es una de las formas más tangibles de percibir los efectos de la corrupción. Por ejemplo, el 22 de octubre de 2015, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 52 municipios de Veracruz, derivada de las intensas lluvias, inundaciones y desbordamiento de ríos ocurridos entre el 16 y el 20 de octubre de ese año.
Para atender a la población damnificada, la dependencia federal entregó a la Secretaría de Desarrollo Social estatal, encabezada por Alfredo Ferrari Saavedra, 33.4 millones de pesos para la compra y reparto de despensas; 66.5 millones de pesos para la adquisición y distribución de cobertores y colchonetas; 99.9 millones para la reconstrucción de muros de casas dañadas, 99.9 millones para la instalación de pisos firmes en zonas de alta marginación y 99.9 millones para la compra y reparto de techos.
Nada de eso se entregó y, de acuerdo con el Orfis, ocurrió un daño patrimonial superior a 431 millones de pesos.
Esta práctica fue constante a lo largo del año, lo que da como saldo 413 mil 025 paquetes de techos fijos no entregados a familias pobres. Si se considera que en cada hogar habitan, en promedio, cuatro personas, la corrupción afectó hacia 1.6 millones de habitantes cuyas viviendas resultaron afectadas por huracanes, lluvias o deslaves.
También se contabilizaron 309 mil 818 despensas no entregadas a damnificados por desastres naturales, 237 mil 680 cobertores no facilitados a afectados por los frentes fríos y ondas gélidas, 139 mil 811 colchonetas no repartidas a personas perjudicadas por desastres naturales, 27 mil 777 paquetes para la instalación de piso firme que no se entregaron a familias de zonas marginadas de la entidad y ocho mil 801 paquetes para instalación de muros que tampoco se repartieron en hogares ubicados en zonas de alta marginación.
Por eso es que decimos que el huracán Javidu ha sido el más dañino y perjudicial, para el pueblo veracruzano, que en dos años no podrá salir de la crisis en que se encuentra, ya que según los especialistas cuando menos se necesitan 10 años para al menos pagar parte de la deuda millonaria que existe por parte del Gobierno del Estado.
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