Los involucrados en este delito y bajo orden de aprehensión son el ex delegado, Ranulfo Márquez Hernández, y los ex servidores públicos, Felipe Sosa Mora, César Augusto Perdomo Buenrostro y Graciela Tejeda Martínez.
Los tres ex funcionarios de Sedesol fueron sorprendidos y videograbados en 2013, quienes bajo las órdenes de Márquez desviaban recursos de programas sociales como la pensión de adultos mayores, conocido como “65 y más”, con el propósito de impulsar a los candidatos priistas en los comicios locales y hacerlos ganar con trampas.
La denuncia fue hecha por el entonces Presidente del PAN, Gustavo Madero, y se le conoció al hecho como “Ladrones de Elecciones”, a pesar de todo esto Ranulfo Márquez fue nombrado por Javier Duarte, Secretario de Desarrollo Social a nivel estatal.
Ranulfo Márquez guarda una estrecha amistad con el ex gobernador Fidel Herrera desde la facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana. Ranulfo era dirigente estudiantil en la Facultad de Leyes y Fidel Herrera se iniciaba en las lides políticas, en 1968.
Así se iniciaba una serie de delitos, donde todos se servían con la cuchara grande; mientras unos robaban, otros desviaban recursos, otros favorecían a su partido político, de tal suerte que las autoridades no sabían hacia dónde voltear ante tal proliferación de delitos. Eran tantos que prefirieron hacerse de la vista gorda y dejar a Veracruz en el estado en el que se encuentra.
Debió suceder un escándalo mayúsculo en el quebranto económico contra Veracruz para que delitos electorales de esta magnitud salieran a relucir luego de casi cuatro años. Es decir, que si una anomalía electoral es investigada se hace justicia una vez que quienes llegaron a la diputación local o federal ya no están en funciones y no puede destituírseles de un cargo cuya gestión ya concluyó.
Aquí la gravedad implica a las autoridades electorales que debieron tomar la denuncia del líder del PAN, partido en el poder en Veracruz, para deslindar responsabilidades, de tal suerte que no se concretara la toma de posesión de los legisladores que ocuparon un puesto de elección popular de manera ilegal.
Ante esta posibilidad debemos poner en tela de juicio las diputaciones locales y federales de la legislatura pasada. Y debe investigarse también la posibilidad de que estas mismas prácticas pudieron llevarse a cabo con los actuales legisladores del PRI, que fungieron como funcionarios públicos en la administración anterior y ahora ocupan el cargo de legisladores. Debe revisarse si fueron electos sin trampas ni triquiñuelas electorales como las practicadas por Ranulfo Márquez.
En la reciente visita del procurador General de la República a Xalapa, Raúl Cervantes Andrade, se esperaba que se diera a conocer el avance sobre el presunto desvío de 35 mil millones de pesos entregados al gobierno de Javier Duarte, por la Auditoría Superior de la Federación. Por lo menos, sobre las indagaciones en torno a los involucrados en las “Empresas Fantasma” y las nuevas líneas de investigación sobre la familia Chedraui. Ya de perdida, saber cómo van las pesquisas tras el ex gobernador prófugo, pero en nada de esto hubo novedad.
La visita del procurador a Xalapa no cumplió con las expectativas. Todos creían que traería noticias que iban a cimbrar a Veracruz, pero al parecer su presencia en la capital veracruzana fue la de un turista más que viene a disfrutar de una ciudad que apenas comienza a recuperar la calma y la tranquilidad.
Por si fuera poco, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR ya cuenta con elementos para solicitar el desafuero de los diputados federales Edgar Spinoso, Tarek Abdalá, y los diputados locales Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez, y otros peces gordos.… Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.
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