Decía Miguel Alemán Velasco, que la política “es de constancia, conciencia y circunstancia”. En Estados Unidos le llaman “timing”, esto es, tomar la decisión correcta en el momento y en las condiciones más favorables.
Todo esto lo desconocen los asesores del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
La madrugada del domingo, minutos después de las 4 horas, una camioneta Chevrolet Equinox que era conducida a gran velocidad por la avenida Américas de Xalapa, impactó contra el costado de un taxi. Como consecuencia del fuerte impacto falleció el conductor del vehículo de alquiler, identificado como Saúl Mendoza Hernández, de aproximadamente 55 años de edad.
Al día siguiente, el lunes, el gobernador de Veracruz anunció que, como una muestra de su “confianza plena” en la responsabilidad de los conductores, envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito para eliminar las fotomultas.
Ahí mismo Yunes Linares terminó por revelar el motivo real de esa decisión. Explicó que ese servicio fue concesionado durante la administración de Javier Duarte a una empresa privada (Autotraffic), acuerdo mediante el cual se estableció que por cada infracción de hasta mil 600 pesos, esa empresa iba a recibir 315 pesos.
“Hoy termina ese abuso; es decisión del Gobernador del Estado no aplicar este tipo de multas y sanciones a los veracruzanos”, dijo, pues en su opinión “no son necesarias las multas de esa magnitud”.
Con seguridad la familia de don Saúl Mendoza no opinará lo mismo.
En el fondo, la razón de esta medida no es otra que la de beneficiar a un aliado y arrebatar dicha concesión a algún amigo o socio de Javier Duarte.
El diputado local Juan Manuel Unanue Abascal ya había hablado de la posibilidad de cancelar la concesión del programa de fotomultas, y reconoció que al concluir un contrato de forma anticipada, el gobierno estatal tendrá que cubrir una indemnización, sin embargo se dijo convencido de que el contrato vigente “está amañado” por lo que se tendría que revisar a fondo la manera de evitar la sanción.
Y el legislador terminó admitiendo que el interés es negociar un nuevo acuerdo en la materia, ahora con alguna empresa afín a las nuevas autoridades:
“No digo que no tendría que pagar, pero sí hay que revisar todos los puntos, pues el programa se creó en el sexenio anterior y hubo mucha opacidad en la asignación del contrato y el cobro de las multas”.
¿No les parece conocida la fórmula?
Deshacer lo armado por la anterior administración, y volverlo a hacer, en condiciones que favorezcan a los nuevos servidores públicos.
Lo que en la jerga popular se conoce como “la misma gata, nomás que revolcada”.
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Epílogo.
Ya resintió la nueva administración estatal el severo rezago que enfrenta el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Ya hicieron cuentas y confirmaron las cuantiosas sumas que tiene que erogar el Gobierno de Veracruz para subsanar el déficit y cubrir con las pensiones en tiempo y forma. El legislador panista José Manuel Sánchez admitió que resultará “complicado” que la tesorería estatal pague los subsidios al IPE y llamó a buscar “soluciones inmediatas”. Que no nos extrañe una nueva reforma a la Ley, para aumentar la cuota que aporta la burocracia. *** Un tropiezo más para el gobernador Miguel Ángel Yunes. Prometió que no habría de crear ni un solo impuesto. Sin embargo, ya tomó forma la iniciativa para “revivir” el impuesto al hospedaje, con el argumento de que no es un gravamen que vayan a pagar los veracruzanos, sino los que visitan la entidad. Como si no existiera movilidad en el interior del estado. Bien dicen que “más pronto cae un hablador que un cojo”. *** Siguen las negociaciones para sacar una “dupla de unidad” para la dirigencia estatal del PRI. Para la presidencia los más fuertes siguen siendo Érika Ayala y Renato Alarcón, aunque habrá que considerar a Silvio Lagos y hasta a Flavino Ríos. Para la Secretaría General suena fuerte Marilda Rodríguez, (claro, en caso de que la Presidencia quede a cargo de un varón, por aquello de la paridad de género). Sin duda, un buen activo del priismo veracruzano.
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