Desde hace tiempo se hizo evidente que el personaje de la administración duartista con más frentes abiertos, con más señalamientos por presuntos actos ilegales, era el diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad, quien cubrió buena parte de la anterior gestión estatal al frente de la Tesorería del Estado.
Su firma aparece en documentos que evidencian el desvío de recursos del Sector Salud, lo mismo que de programas federales de Educación, y hasta de partidas que tenían como destino original las arcas de los municipios veracruzanos.
Eran los tiempos en los que la “licuadora” trabajaba a toda su capacidad, y la Tesorería estatal era un enorme hoyo negro que devoraba hasta el último centavo que caía en sus cuentas.
Suena lógico, pues, que la primera acción penal del gobierno yunista haya sido en contra del diputado federal por la cuenca del Papaloapan. Hay, sin embargo, un problema que no es menor: Goza de fuero.
Ya el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, promovió en la ciudad de México el juicio de desafuero, pero ese es un trámite que no resulta tan sencillo. Baste recordar que el año pasado se hablaba de más de 300 peticiones similares, todas atoradas en la Subcomisión de Examen Previo.
La petición del fiscal veracruzano deberá esperar su turno, y es más probable que concluya antes la gestión de Tarek Abdalá como diputado federal (con lo que, en automático, desaparecería la protección constitucional) a que se resuelva tal solicitud.
Lo que falta para que concluya su período son poco menos de dos años, y en virtud de que para entonces los delitos que se le imputan no habrán prescrito, una vez fuera del Congreso federal se podrá gestionar la orden de aprehensión.
El problema no es ese. Lo que preocupa a las actuales autoridades de Veracruz es que al gobernador le urgen medallas para colgarse en el pecho. Le carcomen las ansias de emitir un comunicado con el encabezado “Miguel Ángel Yunes metió a la cárcel al Tesorero de Duarte”.
Al menos esa presea, la de Tarek Abdalá, no habrá de colgársela pronto.
Miguel Ángel Yunes Linares sabe que con los diputados (tanto los locales como los federales) el camino será largo y tortuoso, y no siempre conseguirá su objetivo. Ha dispuesto que se preparen los expedientes y que se siga el protocolo, pero que mientras tanto se avance en otros objetivos más asequibles.
Ahí es donde entran los casos de Gina Domínguez (excoordinadora de Comunicación Social), de Mauricio Audirac (excontralor y extitular de Finanzas), y de algunos funcionarios menores, responsables de las áreas administrativas, como Ricardo Sandoval (Salud).
Trato especial requieren los casos de Arturo Bermúdez (Seguridad Pública) y Gabriel Deantes (SEV, Sefiplan y Trabajo), cuyos procesos iniciaron cuando aún estaba al frente de la Fiscalía Luis Ángel Bravo, por lo que recibieron un trato especialmente terso. El nuevo fiscal está analizando los expedientes en busca de algún argumento que le permita reponer los procedimientos y actuar en forma más severa contra ellos.
Miguel Ángel Yunes está empeñado en cumplir su palabra de meter a la cárcel a todos los que lucraron con el tesoro público durante la administración de Javier Duarte. El problema es que tiene poca paciencia, y la justicia en este país podrá ser cualquier cosa, menos “pronta y expedita”.
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Epílogo.
El grupo legislativo de Morena propuso un punto de acuerdo en la sesión del pasado jueves para exhortar a la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, a investigar y, en su caso, hacer recomendaciones respecto al despido masivo de trabajadores del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM). La propuesta fue presentada por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, quien denunció que algunos trabajadores fueron obligados a renunciar; a otros se les condicionó su permanencia en la institución a cambio de percibir menos salario, y a otros más los pusieron a prueba o les asignaron cargos inferiores a los que tenían. *** El gobernador de Veracruz celebró que hoy se viva en Veracruz una “vida democrática plena”, y puso como ejemplo la libertad con que pueden conducirse los diputados de cualquier partido –“incluso en el que yo milito”- en obvia referencia a la crítica que le hizo la diputada panista Maryjose Gamboa. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para advertir que, así como ellos (los diputados) pueden votar en cualquier sentido, él como gobernador tiene facultades de ejercer el derecho de veto. En pocas palabras: Son libres de decidir lo que quieran, falta que yo les haga caso. *** Muchos habrán de tomarlo como “el segundo revés” de Miguel Ángel Yunes Linares en el Congreso local. El voto en contra de Morena, PRI, Juntos por Veracruz y hasta del PRD impidió que en la sesión del jueves fuera incluida una iniciativa del PAN para retirar el fuero a los integrantes de los tres poderes, a las autoridades municipales y a miembros de organismos autónomos. En estricto sentido éste no fue un “palo”. Los panistas sólo hicieron un amago para ver cuál era el sentir de los otros grupos legislativos. La iniciativa no fue incluida en la orden del día, por lo que podría ser considerada más adelante, una vez que haya sido bien “cabildeada”. Los diputados opositores no se manifestaron en contra de la propuesta, sino del procedimiento. *** Cada nueva administración ordena lo mismo. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una circular en la que advierte que sancionará a los subfiscales, agentes del Ministerio Público, fiscales especializados y fiscales regionales que den entrevistas a los medios, o que ofrezcan a periodistas información sobre las actividades del organismo. Se aclara que “la información relativa al quehacer de la Fiscalía será difundida personalmente por el titular de este organismo autónomo”. Vamos, algo parecido a lo que está siendo su jefe y amigo, Yunes Linares. En el fondo lo que todos quieren es ser ellos los que decidan qué información filtrar, y a qué medios.
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