Con eso de que le encanta ser “el ajonjolí de todos los moles” –una práctica que en la plenitud del “pinche poder” también disfrutaba mucho Fidel Herrera Beltrán, su acérrimo enemigo político–, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ha involucrado ahora en una estéril confrontación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyo titular Julio Sánchez y Tépoz convocó a conferencia de prensa este miércoles para aclarar que hasta ahora no han encontrado evidencia que compruebe que en Veracruz se aplicó agua destilada a niños con cáncer en vez de quimioterapia, como lo propaló irresponsablemente el mandatario panista.

 Nadie entiende aún qué necesidad había de que Yunes activara un escándalo mediático con un asunto tan sensible desde el punto de vista médico y que implicaba también graves consecuencias políticas y legales, por lo que debió tratarlo de una manera más prudente y con el sigilo que exige toda indagatoria ministerial y el consecuente proceso penal.

 ¿Para qué exponerse personalmente al ridículo si bien pudo haberle encomendado a su secretario de Salud, Irán Suárez Villa, que fuera él quien hiciera pública esta denuncia, obviamente con elementos de prueba sólidos e irrebatibles, ante los medios de comunicación? ¿O por qué no actuó con el hermetismo que requería este delicado caso y haber aguardado hasta que la Fiscalía General del Estado procediera contra los supuestos responsables de este presunto delito de tal gravedad?  

 Por lo mientras, anteayer, el titular de la Cofepris urgió al gobernador Yunes y a la Secretaría de Salud de Veracruz a presentar las pruebas en las que se basaron para denunciar esa irregularidad atribuida a la gestión de Javier Duarte. Les fijó un primer plazo de cinco días para que lo comprueben, pues Sánchez y Tépoz informó que el organismo a su cargo revisó 151 expedientes clínicos de pacientes con cáncer que fueron atendidos entre 2011 y 2016 en el Centro Estatal de Cancerología, de los cuales 36 corresponden a niños y 115 a adultos, y que en ninguno se comprobó la aplicación de agua destilada ni de medicamentos falsos.

 Desde hace dos semanas, a partir de la denuncia de Yunes y por instrucción del secretario de Salud del gobierno federal, José Narro Robles, la Cofepris inició una investigación en Veracruz que incluyó también el supuesto uso de medicamentos caducos y pruebas falsas de VIH. Personal de este organismo realizó visitas de verificación sanitaria en 20 establecimientos en la entidad relacionados con el caso, incluidos el Centro Estatal de Cancerología, el Hospital de Especialidades No. 14 y cuatro empresas relacionadas con la venta de los insumos médicos irregulares.

 El comisionado detalló que se aseguraron 16.8 toneladas de medicamentos caducos y 46 mil 984 paquetes de pruebas rápidas de VIH que no contaban con registro sanitario. Sin embargo, explicó, la Secretaría de Salud estatal adquirió 70 mil paquetes de esas pruebas en 2011, por lo que urgió a las autoridades de Veracruz a localizar las 23 mil pruebas que faltan y asegurarlas para impedir su uso. Señaló que las pruebas de VIH-sida entraron a México de manera ilegal procedentes de China y representan un riesgo a la salud porque pueden arrojar resultados negativos para personas con el virus.

 Sobre los fármacos caducos, Sánchez y Tépoz indicó que fueron adquiridos por la Secretaría de Salud de Veracruz en 2010 y aseguró que no se adquirieron a través de compras consolidadas de medicamentos. Por ello, el titular de la Cofepris adelantó que la próxima semana entregarán el reporte al Ministerio Público de la Federación y al Órgano Interno de Control para que se finquen responsabilidades a las empresas y a los funcionarios que desde hace siete años estuvieron a cargo de la compra y distribución de medicamentos en la entidad veracruzana.

 ¿Será que el gobierno federal tendrá que hacerle la chamba a Yunes Linares, quien hasta ahora no ha cumplido su palabra de llevar a prisión a Javier Duarte ni a uno solo de los peces gordos de la banda del ex gobernador que saquearon el erario estatal, entre ellos al ex director administrativo de la Secretaría de Salud, Ricardo Sandoval, a quien han visto departir muy alegremente en algunos exclusivos bares de la zona de Polanco en la Ciudad de México? 

 ‘CONQUISTADORES’ BAJO SOSPECHA

 Por cierto, hablando de la Secretaría de Salud de Veracruz, un asiduo lector de esta columna nos pregunta que cuáles son los méritos del doctor Irán Suárez Villa y su séquito de “conquistadores” procedentes de Puebla que llegaron a correr y a maltratar a funcionarios y trabajadores veracruzanos que llevaban años laborando en SESVER, muchos de los cuales no tienen responsabilidad del desastre y saqueo que se dio en esta área gubernamental durante la administración anterior.

 Y es que nos pide investigar si acaso no estarán involucrados en algunas de las irregularidades administrativas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el régimen del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien este miércoles 1 de febrero entregó el poder a su incondicional Antonio Gali Fayad.

 Según el máximo órgano fiscalizador del país, tan sólo por la cuenta pública de 2014, la última con resultados, se ubicaron 666.6 millones de pesos con observaciones y requerimientos de comprobación. De esa cantidad, 126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño patrimonial.

 Uno de los montos que precisamente siguen sin aclarar son 118.2 millones de pesos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, que no habían sido devengados al 30 de septiembre de 2015. Y de acuerdo con datos de la ASF, hasta enero de este año el gobierno de Moreno Valle sólo pudo documentar el ejercicio de 42.1 millones de pesos.