Los hechos en contra de Pablo Rivera, reportero de “Express” en Coatepc, son un ataque a todos los que practicamos el periodismo, porque la agresión fue más allá de una persona, porque se dio en contra de la libertad de prensa y de informar, directamente, además de que constituyó una violación contundente a sus derechos humanos.
Así pues, en este momento deberían de estar actuando de oficio la Fiscalía General del Estado (FGE) , el órgano interno de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
A la par, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) debe hacer un pronunciamiento por el respeto a la libertad de prensa y de expresión, porque la agresión va mucho más allá de un reportero y permitir que la misma transcurra sin acción alguna es decir que siempre se mantendrá el silencio. Si lo que se quiere es una petición para intervenir ante una agresión, aquí hay una, y de tipo público, porque esta fue una agresión a la libertad de expresión.
A Pablo Rivera lo detuvieron porque el lunes pasado fue a preguntar al penal de Pacho Viejo si era verdad que ese día excarcelarían a Arturo Bermúdez Zurita, después de que corrió el rumor con todo prisa de que le estaban dando el auto de libertad.
A Pablo los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) le pidieron que se identificara y al mostrar una credencial vencida, al jefe de los mismos se le hizo de lo más natural ordenar que lo detuvieran y a los custodios y a los elementos de la policía estatal, de lo más natural proceder a la captura, primero, y luego al traslado a la delegación de la SSP, en Xico.
Hasta aquí estamos frente a un acto constitutivo de dos delitos:
- Privación ilegal de la libertad.
- Abuso de autoridad.
No había orden de captura, no había flagrancia, no había motivo para detenerlo, por eso el abuso de autoridad.
Cualquier elemento de la policía sabe que la portación y muestra de una credencial vencida no es motivo para detención de una persona.
Y si lo desconoce, es que su preparación es terrible.
Entonces, aquí la disyuntiva es: ¿la policía cometió un delito o tenemos una policía completamente impreparada?.
Pero además, al haberse presentado Pablo Rivera como reportero, los elementos de la SSP al detenerlo ya estaban atentando contra la libertad de informar, situación que se extendió hasta el delegado de la institución con sede en Xico, a donde fue llevado Pablo
Sin embargo la actitud del conjunto policiaco demuestra ampliamente que están acostumbrados a la impunidad y al actuar al margen de la ley o incluso contra ésta.
¿A poco en la SSP nadie conoce la ley?, ¿en verdad ninguno de sus elementos, desde el policía más bajo hasta el delegado de la SSP desconocen lo que son los derechos humanos?.
Más bien, toda esta cadena lo único que demuestra es que los elementos policiacos están acostumbrados a actuar en la impunidad cuando transgreden los limites.
Pero además es también denotativa del poco respeto hacia la prensa que existe en los mandos superiores, porque si estos tuvieran alguno, este se reflejaría hacia abajo de manera natural.
De hecho una acción de este tipo puede ser reflejo de la actitud que el más alto místico del estado tiene hacia la prensa, y que se denota por el uso de adjetivos hacia los periodistas, como “ignorante”, el “no diga estupideces”, el “no voy a contestar tonterías”.
Hay un tono despreciativo que permea por imitación, primero entre su circulo más inmediato, pero con más fuerza entre los mandos medios, que son los consumidores de información, y que a su vez lo reflejan hacia los subalternos.
Es lo mismo que ocurre con Andrés Manuel López Obrador, cuando acusa que la prensa en Veracruz, “aunque no todos” está maiceada, y “con maíz con gorgojo”. Ese tono despreciativo es copiado por los subalternos, los seguidores, que lo replican sin la menor consideración, sobre todo cuando no les gusta lo que se dice de AMLO o de Morena.
Pero los hechos de Coatepec superan las palabras descalificativas e inician acciones de violencia directa.
Además, por pura salud interna, es conveniente que la SSP identifique a los elementos que intervinieron en el asunto y que los sancione, como una medida ejemplar, para que actúen dentro de la ley y que dejen de sentir que extralimitarse es lo más natural y que lo pueden hacer sin consecuencias.
Las acciones sancionadoras deben darse sobre todo contra los jefes policiacos que incluso ordenaron y permitieron que esto fuese un paso más adelante.
Una llamada de Jaime Téllez Marie, una disculpa a Pablo, en este caso, es insuficiente.
Debe aplicarse la ley contra quienes dañaron el derecho al libre tránsito, a la libertad de prensa y que hicieron una privación ilegal de la libertad, afectando derechos humanos y cometiendo abuso de autoridad.
¿Qué no se había hecho antes?, ¿y eso es pretexto para que siga sin aplicarse la ley?.
Quien diga que quiere establecer un estado de derecho debe actuar ya, sin dilaciones, sin encubrimientos, sin complicidades.
El respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, es algo que concierne a todos los ciudadanos. Por eso es que la acción contra Pablo daña a todos, tanto periodistas como sociedad en general.
Por eso las acciones deben darse por oficio de parte de la FGE, del órgano interno de la SSP, de la CEDH y de la CEAPP.
Para el bien de los terrenales, sobre todo.
CHAPULINES EN MORENA. En Morena, finalmente sí se colaron algunos chapulines en la lista de aspirantes a candidatos a presidentes municipales.
Más allá de los reclamos estridentes, está el caso de Acultzingo, donde Luis Alfredo Cruz López fue aprobado como candidato a síndico, pero finalmente se registró como candidato a presidente municipal por el PRI, al que llamó “mi partido”.
El registro lo hizo dos días después de que salió publicada la lista de Morena y sin haber desmentido antes su postulación por este partido.
A Morena llegaron muchos priistas y panistas buscando refugio; unos lo encontraron, a otros no los dejaron entrar y unos más lo desecharon.
REESTRUCTURA DE LA DEUDA, SE LE CAE A PAN-PRD-JMC. El retiro de la orden del día de la sesión de la actual Legislatura estatal, de la reestructura de la deuda del gobierno del estado de Veracruz, fue una gran derrota para Sergio Hernández, el coordinador de la fracción del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, para el perredista Sergio Rodríguez Cortés, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, y para Juan Manuel del Castillo, secretario de la misma Comisión.
Los tres ya daban por hecho que conseguirían que se aprobara el dictamen correspondiente, por eso es que fue incluido en el orden del día.
¿Cómo consiguieron que Juan Manuel del Castillo consintiera en ese dictamen y que promoviera su aprobación entre las bancadas del PRI y la llamada independiente?.
Lo que haya sido.
Los tres fueron derrotados cuando vieron que no tendrían los 34 votos que se requieren para aprobar la reestructura.
Retrasaron la sesión más de dos horas, pero no pudieron conseguir los votos que necesitaban.
La fracción de Morena ya había hecho el pronunciamiento de que votaría en contra.
A esto se sumaron algunos diputados del PRI que dijeron que no votarían a favor de la reestructura y al parecer hubo la amenaza de diputados del PRD e incluso del PAN que se ausentarían al momento de la votación.
Por parte del PRI, el más ferviente opositor a que se aprobará la reestructura de la deuda en la forma en que iba, es el diputado, Carlos Morales Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, y uno de los principales promotores para que el gobierno estatal pague los adeudos a los ayuntamientos.
De hecho, desde antes, ya había dicho que su voto iba en contra, porque no existe el compromiso del pago a los ayuntamientos, y el dictamen es sólo un documento burdo y sin detalles.
La llamada de Sergio Hernández a Miguel Ángel Yunes ya no fue confirmatoria, si no que debió ser como una especie de disculpa por lo no logrado y de intento de explicación de lo que se pretende hacer para alcanzar el objetivo.
En otra votación será. |
