Veracruz permanece sumergida en la ola de sangre que el “fidelato” y el “duartismo” dejó sumergido al estado. El primero de marzo, en calle Paseo Puerto Banderas, esquina Cosamaloapan colonia Graciano Sánchez en el municipio de Boca del Río,  ubicada en el bastión político del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de la entidad una llamada anónima reportó el hallazgo de un suceso verdaderamente espeluznante.

En el lugar se encontraban los cuerpos de 11 personas las cuales fueron cobardemente asesinadas. Unos al interior de una camioneta y los otros yacían en el suelo a un costado de ella. En la parte trasera, un mensaje de la delincuencia dejada a través de una cartulina se resaltaba una amenaza en la cual advertía “Desde este momento empieza la guerra, guerra quieren guerra tendrán, quieren tener todo el poder para meter a su jente pero aki nos morimos todos”. Al parecer como respuesta al ataque que los elementos de la Secretaría de Marina realizaron un día antes en el fraccionamiento Villa Rica al norte del municipio, dejando un saldo de tres personas muertas –de acuerdo al reporte oficial-.

Una guerra sin cuartel que la delincuencia le arroja al gobierno estatal en donde los veracruzanos se encuentran [como siempre] en medio de ese fuego cruzado. Como respuesta a la situación que enfrenta la entidad, Yunes Linares brindó una rueda de prensa en donde anunciaba que todas, absolutamente todas las personas que fueron brutalmente asesinadas y posteriormente dejadas en Boca del Río, pertenecían al crimen organizado.

No pasó mucho tiempo para que las propias familias de las víctimas desmintieran su dicho. En el portal de noticias Plumas Libres se dio a conocer –habría que esperar la denuncia de las familias de los nueve víctimas restantes que perecieron esa noche- que dos de los 11 cuerpos que aparecieron –unos dentro y otros en el piso- junto a la camioneta marca Nissan tipo Urban con placas 790-RW15, no contaban con antecedentes penales y se trataba de los jóvenes Antonio Vergara Capetillo y Shantal Juárez de 18 y 24 años. El primero una promesa en el deporte de la modalidad Pentatlón y ella, una joven veracruzana que su único delito es haber estado en el lugar y hora equivocado cuando inició la “cacería” por parte de los integrantes de la delincuencia organizada.

Con información del portal de noticias Notinfomex, espacio totalmente dedicado a temas policíacos, advierte lo siguiente:

“Las 11 personas encontradas dentro y fuera de una camioneta Urban fueron sacrificadas a puñaladas y en diferentes tiempos del domingo 26, “levantadas” por grupos armados, dos de ellas en pleno paseo del carnaval jarocho y dos más, sacados del interior del antro “Capezzio”, la misma noche, señalan informes preliminares de una investigación en proceso (…) Los nueve varones y dos mujeres fueron objeto de tortura previa, apuñalados en múltiples ocasiones, antes de recibir golpes certeros del filo de la navaja en el corazón, agrega un informe preliminar de médicos forenses (…) De esta forma, en las primeras horas de la mañana de hoy, Shantal Juárez Santillán de 24 años de edad fue identificada por su madre, la cual también reconoció-a otro de los ejecutados- como su vecino y amigo de su hija a Antonio Vergara Capetillo de 18, residentes en la colonia Pascual Ortíz Rubio del puerto jarocho (…) Fueron estas dos personas, que de acuerdo al relato de la madre de Shantal acudieron al paseo del carnaval del puerto, por la noche, y al término del desfile se sabe que acudieron al antro o discoteca “Capezzio” ubicada en la parte posterior del antiguo penal Ignacio Allende, escenario de escándalos y ejecuciones de donde fueron sacados con lujo de violencia (…) Se señala también que otras dos personas fueron “levantadas” mientras se encontraban disfrutando del paseo del carnaval la misma noche del domingo 26. De ellos la autoridad, aunque ya tiene sus nombres, espera confirmar sus identidades para darlas a conocer (…) Dos horas antes al hallazgo, un comando armado interceptó y despojó, en calles de la colonia Adolfo López Mateos de este puerto jarocho, la camioneta Nissan NV350, tipo Urvan, color blanco con placas 790- RW15, a su conductor al que obligaron ir sobre el piso de la unidad, le señalaron que “no le iba a pasar nada” pero le advirtieron, al dejarlo libre,  “que no denunciara” (…) De estos hechos la policía conoció al desarrollar el trabajo de campo y localizar al chofer-del cual se reserva su identidad-, el cual denunció los hechos poco antes de las tres de la mañana cuando la masacre ya era del dominio público”.

Mientras tanto, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, calificaba los hechos como “una ‘barbarie que preocupa a los veracruzanos, que preocupa a su gobierno’, no obstante, todo se trata de personas vinculadas a la delincuencia organizada”. Lanzó como puñal a una sociedad que percibe y está consciente de la nefasta situación que vive la sociedad. La deshonesta afirmación por parte del ejecutivo estatal, no abona en nada pero si pisotea las memorias de las víctimas, que esa noche fueron “cazados” por parte de la delincuencia para enviar un “escarmiento” al gobierno.

Criminalizar a los torturados y posteriormente asesinados, es una estrategia de la política actual. Sea gobierno priísta o panista/perredista o cualquiera que sea la corriente partidista del que esté gobernando. Todos protegen sus “interés” con la finalidad de no “bajar sus bonos” con electorado, que sin elementos ni pruebas, agreden a las familias de estas personas y de todas aquellas que han sido violentadas de manera tan cobarde por parte de los grupos delincuenciales en contra de la sociedad veracruzana.

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