Y el mayor problema es que la tendencia del gobierno de Enrique Peña Nieto es acrecentarlo de manera vertiginosa, sin que ello se refleje en desarrollo económico. Para ponerlo en plata, la tasa de crecimiento de la deuda es de más del 16 por ciento anual, mientras que el PIB nominal apenas creció en 6.6 por ciento en el mismo periodo, según datos ofrecidos por la organización México ¿Cómo Vamos?, en su reporte Semáforo Económico.
Para colmo, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país comenzó 2017 con un aumento de 10.2 por ciento de deuda pública, lo que le hizo pasar de 8.51 billones de pesos a 9.81 billones entre enero de 2016 y enero del presente año. Dicho monto se compone de deuda interna neta por 6.01 billones de pesos y una deuda externa del sector público federal de 180 mil 600 millones de dólares, equivalente a 3.79 billones de pesos.
Trump nos pone contra las cuerdas
A una deuda a punto de ser inmanejable y a los riesgos que representan para el país las políticas antimexicanas y proteccionistas del gobierno de Donald Trump, que pondrían en riesgo la existencia misma del Tratado de Libre Comercio, que permite que el 80 por ciento de nuestras exportaciones se destinen a los Estados Unidos, han hecho que Fitch Ratings vea con perspectiva negativa el desempeño de la economía nacional en 2017.
El gobierno federal no hizo su tarea de preparar al país y las finanzas públicas para un escenario como el que estamos viviendo. El crecimiento económico ha promediado 2.5 por ciento anual, mientras que la deuda pública ha crecido sin freno poniendo en riesgo la estabilidad en la cuenta corriente. Si las políticas comerciales restrictivas del gobierno estadounidense se endurecen, se pondrán enormes barreras a las exportaciones mexicanas, habrá menor inversión extranjera, se pondrá en riesgo la estabilidad del peso y podrían caer drásticamente las remesas.
¿En qué afecta esto a los gobiernos locales? Según la empresa calificadora Fitch Ratings, las políticas proteccionistas de Estados Unidos tendrán un impacto en el desempeño presupuestal de estados y municipios, sobre todo en aquellos territorios con mayor dinamismo en su sector exportador, aquellos que reciben los mayores montos por remesas de trabajadores migrantes en Estados Unidos y los que dependen más de los ingresos federales.
¿Qué recomienda la empresa calificadora para enfrentar un escenario adverso en 2017? Fitch Ratings señala que los gobiernos subnacionales (estados y municipios) tienen posibilidades de hacer los ajustes pertinentes por el lado del gasto; hay mucha tela de donde cortar, sobre todo por el lado de los servicios personales, algo que, por ejemplo, hace tres meses que realiza el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (despidos masivos), aunque muchos consideran que por una vía salen trabajadores con mucho tiempo en el servicio público y, por otra, ingresan las jóvenes promesas del panismo hecho gobierno.
¿Será una fortuna para Veracruz que no sea ni una entidad exportadora (como Chihuahua, Baja California y Coahuila) ni esté en los primeros lugares por transferencias de remesas desde Estados Unidos, como Michoacán, Guerrero y Oaxaca? Es posible que pueda ser una especie de menor presión ante las magras expectativas de crecimiento del país para este año, pero lo cierto es que enfrenta una situación verdaderamente riesgosa por la enorme deuda que carga, los crecientes pasivos y la enorme dependencia de los recursos federales.
Además, como es un bienio prácticamente electoral, lo más seguro es que Yunes Linares no opte por la recomendación más dura de la empresa norteamericana, que es la de crear nuevos impuestos o la de elevar las tasas de los que están vigentes.
La ASF detecta irregularidades en el gasto federal
Según la Auditoria Superior de la Federación (ASF), durante el tercer año del presidente Enrique Peña Nieto (2015), el gobierno federal incurrió en irregularidades que ascienden a 65 mil 193 millones 800 mil pesos; además, reportó la cifra de 216 mil 416 millones de pesos (utilizados durante los dos últimos años de Felipe Calderón y los tres primeros de Peña Nieto), cuyo destino aún no se ha podido aclarar a la instancia fiscalizadora del Congreso de la Unión.
En el documento de resumen de la revisión de la Cuenta Pública se establece el siguiente comparativo: “En términos absolutos, el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 fue de 65 mil 193.8 mdp; en 2014 de 77 mil 380.6 mdp; en 2013 de 78 mil 744.5 mdp, y en 2012 de 64 mil 333.5 mdp. Aunque el monto observado es susceptible de su posterior justificación y aclaración por parte de los entes auditados, el nivel alcanzado refleja una gestión que aún no es del todo eficiente y transparente”.
El auditor Juan Manuel Portal precisó que aún falta por “solventar” poco más de 146 mil millones de pesos, aunque es dinero del gasto federalizado (gobierno federal y estados) que está pendiente de aclarar desde las cuentas públicas de 2011 a 2014.
En esta revisión, la ASF clasificó en seis los “riesgos” en la administración y uso de los miles de millones de pesos que en noviembre de 2014 la Cámara de Diputados autorizó para el gasto: Afectaciones al erario público; Inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos; Discrecionalidad en la toma de decisiones; Archivos públicos deficientes; Información financiera inadecuada, y Vulnerabilidad en las finanzas públicas.
Como ha ocurrido en todas las revisiones de las cuentas públicas, los subejercicios no fueron la excepción, y en 2015 el gasto no utilizado ascendió a 33 mil 449 millones de pesos.
Cuando la administración federal estuvo en manos del PAN, el PRI lo acusó de realizar “guardaditos” y de utilizarlos con fines distintos para los que fueron asignados, entre ellos las elecciones. Hoy que el PRI regresó al poder, los subejercicio han seguido siendo una constante, y ello implica que a pesar de existir dinero las autoridades no lo aplican a los programas para los que fueron destinados los recursos, entre ellos los sociales.
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