El costo de manutención para cada reo fue de 52 mil pesos en promedio al año. En ese lapso, al cruzar los datos de la población carcelaria en el país y los presupuestos estatales, se aprecia que en los dos extremos del espectro están Guanajuato y San Luis Potosí, pues el primero destinó 135 mil pesos por sujeto y el segundo apenas siete mil.
En fin, la tareas prioritarias de los gobernadores en las diferentes entidades del país, rara vez se ubican en la infraestructura carcelaria, cuando es uno de los rubros que más debería interesarles, sin embargo, el discurso oficialista de más de un mandatario estatal se centra en diferentes aspectos del desarrollo estatal, tal es el caso de las carreteras, los puentes que han dejado grandes cantidades de dinero no sólo a las empresas constructoras sino a los funcionarios públicos encargados de estas tareas.
La realidad de los reclusorios obliga a los reos a salir cuanto antes para dejar atrás una condición infrahumana de deterioro progresivo y humillaciones como las mostradas en un video en Apodaca, o bien las fugas recientes, la primera en el penal de Aguaruto, Sinaloa, donde se fugó el hijo de Juan José Esparragoza, El Azul, Juan José Esparragoza Monzón, alias "El Negro" o "El Azulito”.
Este jueves, la fuga de 29 reos del Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria, se realizó a través de un túnel que mide cinco metros de profundidad por cuarenta de largo, método similar al utilizado por “El Chapo” Guzmán, en sus fugas.
La fuga pudo estar planeada sólo por algunos de los reos fugados, pero la mayoría aprovecharon la oportunidad, prueba de ello fue el hecho de que a pocas horas de la fuga localizaron a 12 de ellos.
Las condiciones infrahumanas, el sobrecupo, el maltrato, en los diferentes reclusorios a lo largo y ancho del país, obligan a los internos buscar una salida inmediata, mientras que irresponsablemente los mandatarios estatales no voltean la mirada hacia este tipo de infraestructura que debería interesarles más y no sólo porque se trate de una de las muchas tareas que un gobernador debe realizar sino porque ellos mismos pudieran estar involucrados en el problema, y lo que es más grave, la posibilidad de que sean víctimas del descuido no es remota.
Los gobernadores deben hacer un alto en sus actividades diarias y empezar a pensar no sólo en la manera de cometer delitos de cuello blanco, sino en la posibilidad que alguno o algunos de ellos puedan estar dentro de alguno de estos penales que ahora descuidan hasta lo inhumano.
Personajes de oscuro historial, tales como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge Angulo, y los ex mandatarios estatales, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores, Rodrigo Medina, quien estuvo sólo unas horas en el penal de Topo Chico en meses pasados, y el propio Guillermo Padrés Elías, quien se entregó prácticamente a la justicia sin reestructurar las condiciones de los reclusorios en su entidad, donde la gobernadora Claudia Pavlovich anunció que en junio entrará en funcionamiento el centro Puerta a la Libertad, que atenderá a 200 internos listos para reincorporarse a la sociedad.
Claudia Pavlovich abatió el 42 por ciento de sobrepoblación que se tenía de 11 mil reos en los 13 centros de reinserción social; actualmente hay 7 mil 800 internos. Nadie sabe para quién trabaja.
Los gobernadores deberían entender que construir escuelas, remodelar universidades, crear instancias educativas no les sirve a ellos en lo personal, porque es bien sabido que ningún funcionario público regresará a estudiar a las aulas.
En lugar de dar confort a los centros educativos, a donde nunca van a volver los funcionarios públicos, deben darle comodidades mínimas a las celdas de los centros penitenciarios que tienen en el olvido a lo largo y ancho del territorio nacional, a donde sí podrían ingresar más de un gobernador y varios funcionarios públicos.
Los arriba mencionados y otros en funciones, sobre todo el caso de evidente impunidad del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, debieron poner atención a sus cárceles, porque cada día están más cerca ellas y los funcionarios públicos de formar parte de los reclusos.
La impunidad que ha caracterizado a gobernadores y ex gobernadores, a pesar de sus excesos, debe tener fin. Incluso para fines electorales, los diferentes partidos políticos deben coadyuvar a que sus militantes que logran obtener cargos públicos, deban ser sancionados y no encubrirlos como ha sucedido en varias ocasiones en los diferentes partidos.
Porque los delincuentes dentro y fuera de los reclusorios, parecieran tener la vanguardia al lograr escapar sin ser capturados en su mayoría.
Un ejemplo de ello se ubica en la infraestructura de los túneles, construcciones en la que parecieran ser expertos. En Veracruz, por ejemplo, se construye un túnel sumergido en Coatzacoalcos, fue inaugurado en agosto del año pasado, pero no ha sido puesto en funcionamiento.
Lo que debieron hacer los últimos gobernadores veracruzanos fue solicitar ayuda a los ingenieros de personajes como El Chapo, quien sin licitación de por medio, supo escoger al mejor para realizar su fuga. Lo mismo sucedió con los reos fugados en Tamaulipas, porque si bien capturaron a casi la mitad de los que se escaparon, el túnel siguió firme y sin una sola cuarteadura.
Si vemos la calidad de los túneles que construyen los reclusos de los diferentes centros penitenciarios, como es el caso del que sirvió para que se fugaran los 29 reos en Tamaulipas, podemos advertir que las autoridades carcelarias y las encargadas de crear infraestructura en el país, están rebasadas.
De ahí que sea necesario que los gobernadores piensen a futuro, y no porque hagan historia al renovar la estructura de sus centros penitenciarios, sino porque puede haber un penal en el futuro de más de un gobernador.
La impunidad para ellos debe terminar antes de que inicien las campañas de proselitismo de 2018. De ahí que los mandatarios estatales deban pensar en su futuro… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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