De pronto es tan obvio que hasta da ternura.
La intención era que el tema del amparo a Diego Cruz (aquel miembro de la banda de “juniors” de Boca del Río a los que la prensa bautizó como “Los Porkys”) despertara la indignación de la sociedad veracruzana y sirviera como cortina de humo para distraer la atención de la creciente ola de crímenes que se han suscitado en la entidad.
El tema, además, ayudaría a retrasar una eventual liberación del exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Por mero sentido común, frente a la ligereza con la que se comportan las redes sociales, sería poco recomendable tramitar un amparo en estos momentos, cuando ese mismo mecanismo jurídico fue utilizado por alguien tan rechazado por la sociedad como el presunto pederasta Diego Cruz.
La relación entre ambos casos, por absurda que parezca, sería un tema que crecería como la espuma.
Sin embargo, todo el plan se vino abajo la madrugada del miércoles, cuando una mano asesina disparó contra el periodista Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del periódico La Opinión de Poza Rica, quien fue rescatado aún con vida, aunque en condiciones graves, y trasladado al centro de alta especialidad del IMSS en el puerto de Veracruz.
Desde muy temprano los principales medios de todo el país y las redes sociales destacaron el nuevo atentado contra un periodista en Veracruz, el tercero atacado a tiros desde la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares.
Aunque el gobernador diagnosticó de inmediato la gravedad del tema y acudió a coordinar personalmente (donde haya la oportunidad de una “buena foto” ahí estará él) el auxilio al periodista y su familia, entendió también que el tema lo iba a rebasar y necesitaba abrir una nueva “caja china”.
La conversación debe haber sido breve entre el gobernador y su fiscal.
- Necesitamos algo fuerte, para tapar este escándalo. ¿Qué tenemos?
- Ya tenemos localizado a Audirac, señor, en Puebla. Su expediente ya fue consignado. Si nos obsequian la orden de aprehensión, hoy mismo duerme en Pacho.
- Adelante, habla con Edel.
El delito de “coalición” por el que es procesado Mauricio Audirac Murillo (quien fuera Contralor General del Estado y Secretario de Finanzas y Planeación durante la administración de Javier Duarte) está contemplado en el Código Penal de Veracruz, en el Artículo 321, y se refiere a los casos en los que “servidores públicos se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno”.
Para ese delito el Código establece prisión de seis meses a seis años y multa hasta de doscientas veces el salario. No es considerado delito grave y el procesado debería ser presentado ante el juez de control, notificado de los señalamientos en su contra, y puesto en libertad.
Ya sabemos, sin embargo, cuál es la instrucción que recibieron los impartidores de justicia: Todos los que fungieron como funcionarios en las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte que sean procesados, deberán ir a la cárcel, sin excusa.
Lo que no se puede pasar por alto es la tercera agresión a tiros contra periodistas, en tan solo cuatro meses de la actual administración estatal.
Durante la gestión de Javier Duarte (casi seis años) 17 periodistas fueron asesinados en territorio veracruzano. En el inicio de la actual administración ya fue ejecutado uno (Ricardo Monluí) y dos más resultaron heridos de bala, uno de ellos lucha por salvar su vida.
Es cierto que las comparaciones son odiosas, pero es interesante leer las siguientes expresiones:
“El gobierno que encabezo está comprometido con la libertad para expresar las ideas a través de los distintos medios, esa es la bondad y el gran compromiso que hacemos valer en el estado: que todas las voces de cada veracruzano puedan ser expresadas”. Junio del 2014, Javier Duarte de Ochoa.
“Respeto plenamente la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo. Me encuentro sumamente preocupado por los hechos recientes en contra de comunicadores”. Marzo de 2017, Miguel Ángel Yunes Linares.
No es lo mismo, pero es igual.
* * *
Epílogo.
¿Cuál crisis? Si el propio gobernador dispuso que se les condonaran los pagos a los empresarios veracruzanos por créditos fiscales del impuesto a la nómina de los años 2015 y 2016. En la Gaceta Oficial del Estado, en su número extraordinario 122, se da a conocer que se condonan al 100 por ciento la actualización, recargos y multas de personas físicas o morales inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes que tengan créditos fiscales o adeudos derivados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el llamado “impuesto a la nómina”. No hay dinero y el poco que se puede obtener, se regala. *** El Consejo de la Judicatura Federal anunció la suspensión de Anuar González Hemadi, Juez Tercero de Distrito en Veracruz, quien otorgó un amparo a Diego Cruz, el joven acusado de pederastia en agravio de Daphne Fernández. Además, se inició con un procedimiento de investigación administrativa, en relación con su actuación como juez. Se advirtió también que el amparo concedido por este juez aún puede ser sujeto de revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito, y no implica la libertad del solicitante de amparo. *** Antes de que surgiera esa notificación, el propio juez Anuar González Hemadi había solicitado dejar el caso de Enrique Capitaine, otro de los acusados, pues argumentó que a partir de la resolución en el c aso de Diego Cruz “se han venido en contra de mi función diversos ataques por parte de los medios masivos de comunicación, sobre todo en redes sociales”. *** Debe ser un problema de “percepción”. El caso es que en Las Choapas, ganaderos y productores del campo formaron su propia fuerza de “autodefensa”, lo que obligó a que tanto el Ejército, como las fuerzas policiacas de Veracruz acudieran a fortalecer la búsqueda de una mujer que fue secuestrada desde el pasado fin de semana. Ya se colocaron filtros de seguridad y revisan de forma minuciosa a vehículos particulares, taxis y autobuses. Los tramos carreteros Las Choapas–Pararelo, Las Choapas–Cuichapa, Las Choapas–Cerro de Nanchital y la autopista Raudales–Ocozocoautla–Las Choapas, se encuentran vigilados por retenes policiacos.
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