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Valles, Colomer o Sodaro, autores de estudios introductorios a las disciplinas sociales politológicas, desprenden del contexto sociopolítico el dimensionamiento de la globalidad de las relaciones políticas desde una triple perspectiva: tecnológica, por cuanto a la internet y sus efectos en la producción y difusión del conocimiento; social, si nos ubicamos en el fenómeno de globalización y neoliberalismo económicos; y, política-política, si atendemos a las relaciones y el derecho internacional, como contexto de las políticas nacionales, estatales o locales, conjuntamente con el fenómeno del terrorismo y la guerra. En esta lógica, el quehacer político estaría cruzado, hoy por hoy, por la ritualidad “ineficiente” del parlamento o congreso, la interferencia “beligerante y deformadora” de los medios de comunicación, y la “personalidad” de los hombres y mujeres que ocupan dirigencias y cargos relevantes en la vida política. Por ello, al preguntarse “¿Qué es la Política?”, la conciben como un término multívoco o polisémico, referido a la gestión de todo conflicto social entre grupos, que tiene como propósito adoptar decisiones obligatorias o vinculantes que resuelvan las situaciones discrepantes que llegan a presentarse en la vida colectiva. Y en la base del conflicto o discrepancia social, encuentran a la “desigualdad” como su causa originaria. ¿Cuál desigualdad? Pues la ocasionada por los desequilibrios: a) en la distribución de recursos y oportunidades, b) en el acceso a la riqueza material, a la instrucción, a la capacidad de difusión de las ideas, c) en la distribución de obligaciones y cargas familiares, productivas, asistenciales o fiscales, y d) en las resistencias, expectativas, reivindicaciones y proyectos que generan sentimientos o pensamientos de incertidumbre, de incomodidad o de peligro. Si la política resulta una disciplina reguladora de la tensión social o, dicho de otro modo, de las fracturas sociales debidas a la desigualdad, sus fines últimos serían los de: dar solución a las diferencias mediante decisiones obligatorias para los miembros de una comunidad; lograr ajustarse a reglas y pautas de conducta acordadas; el uso, de ser necesario, de la fuerza legítima o poder coactivo del Estado; y, la preservación de la cohesión social para evitar el derrumbe del edificio social. Dado que las desigualdades pueden ser cuantificables (como el ingreso o el patrimonio) o no cuantificables (como los valores o el prestigio), resulta pragmáticamente importante conocer algunas etapas básicas presentes en la politización de una diferencia social: 1ª Identificación de una distribución desigual, cuantificable o no cuantificable; 2ª Expresión de demandas y exigencias resultantes de la toma de conciencia de la desigualdad, 3ª Movilización de apoyos a las demandas y propuestas, y 4ª Traslado del conflicto al escenario público. La capacidad de atención y resolución de un conflicto político requeriría, entonces, de al menos tres elementos: fuerza, influencia y autoridad, dado que, respectivamente, suponen el uso de la amenaza, la persuasión o la reputación, para producir la acción o la inacción de otros actores. Por supuesto, el uso excesivo de uno u otro vector predeciblemente derivaría en terrorismo, populismo o autoritarismo, cuya única posibilidad de atemperamiento estaría en el uso de mecanismos de participación tolerante de todos los actores políticos, en una agenda amplia fundada en políticas públicas de largo aliento. ¿No?