De acuerdo con la definición proporcionada por el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, se concibe al fuero como “aquella prerrogativa de senadores y diputados -así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución- que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen”.
También se entiende al fuero como “un privilegio conferido a determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento”. 

Se supone pues que el fuero constitucional fue instaurado para garantizar y proteger la división de poderes, ante un embate judicial en contra de un adversario político promovido por la autoridad que cuenta con la potestad de la persecución de delitos.

Sin embargo, en los últimos años el valor de esta figura cuya pertinencia estaba justificada en su origen, se ha desvirtuado por completo al usarla la clase política como un medio para evadir sus responsabilidades ante la comisión de delitos. Se ha convertido en un instrumento de impunidad, en lugar de ser un escudo para la protección de la división de poderes en México.

Existen muchos casos emblemáticos de cómo el fuero ha sido usado como una artimaña para impedir la acción de la justicia, porque con todo y que existe el instrumento jurídico para retirar la inmunidad a un mal servidor público -la declaración de procedencia en el caso de los legisladores y el juicio político para los gobernantes-, casi nunca procede, siempre por cuestiones de interés político.

El reciente caso del proceso que se le sigue al diputado federal del PRI por Cosamaloapan, Tarek Abdalá Saad, es un acabado ejemplo de la perversión del fuero. A pesar de existir sendas denuncias en su contra –sustentadas con pruebas por la Auditoría Superior de la Federación desde el año 2014- por el desvío de miles de millones de pesos a su paso por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, fue protegido en la Cámara de Diputados por su bancada, que a través de un artilugio legaloide impidió, al menos momentáneamente, que avanzara el juicio de procedencia para desaforarlo y procesarlo solicitado por la Fiscalía General del Estado.

Y seguramente lo mismo va a pasar si se intenta retirar la inmunidad a otros de los responsables del desfalco a Veracruz que gozan de ese privilegio, como Alberto Silva Ramos y Edgar Spinoso en San Lázaro, o Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez en el Congreso local. Finalmente, ésa era la idea cuando se lanzaron por una diputación, pues fuera de para cubrirse las espaldas, esos personajes no han hecho absolutamente nada desde sus respectivos encargos parlamentarios.

Los intereses político-partidistas siguen privilegiándose por encima del interés superior de la justicia y la rendición de cuentas. En México, a los políticos sólo se les llama ante tribunales cuando a sus verdugos les conviene. Y eso, hasta cierto punto.

Por eso es que llama la atención que, precisamente ahora, en medio de campañas electorales, las bancadas del PAN y de Morena en el Congreso de Veracruz hayan retomado el tema de desaparecer el fuero a los funcionarios de primer nivel, para lo cual presentaron, cada bancada por su cuenta, iniciativas en ese sentido. Pura propaganda electoral.

Mientras no se garantice que quien abuse del poder y lo utilice para su beneficio personal sea llevado ante los tribunales y se le obligue a pagar por ello, con o sin fuero, la justicia será una quimera en este país. Y sus sistemas “anticorrupción”, una burla.

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