No se puede negar la justicia de su arresto como tampoco el uso electoral que le ha dado el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por la fecha en que ha materializado la orden para aprehender a un personaje que, por torpeza priista, seguía siendo un prominente militante, al mantenerse como presidenta de la Fundación Colosio.
La base de su encarcelamiento, que la jueza ha considerado suficiente para darle de entrada un año de cárcel por la posibilidad de que escape, tiene que ver con la corrupción que le permitió escalar inexplicablemente en su situación económica. Sin embargo, como en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, también preso en Pacho Viejo, no se le juzgará por la muerte de tantos periodistas durante el gobierno pasado que pudieron haberse evitado.
En septiembre de 2015, al respecto de este patético personaje de la peor faceta de la política mexicana, escribí en mi Hora Libre que era famosa “por perturbar severamente las relaciones entre el gobierno estatal y los medios de comunicación, mediante acciones perversas y represivas que contribuyeron a crear un clima de violencia institucional contra los periodistas y a destruir sistemáticamente la imagen del gobierno al que servía”.
Y añadí: “Durante su funesto paso por la oficina de comunicación de Palacio de Gobierno, la ahora ‘dirigente’ priista cinceló con denuedo y espíritu de misionero uno de los más negros periodos de represión, espionaje, chantaje, ninguneo y campañas de desprestigio contra medios y periodistas, que permitieron –y en esto nadie ha reparado– que los comunicadores ingresáramos en un umbral de la más grave vulnerabilidad, no solo en nuestra seguridad laboral y en el desarrollo de nuestras habilidades y capacidades periodísticas sino, lo que es más terrible, en nuestra seguridad personal y familiar”.
Su comportamiento afectó seguridad de periodistas
En efecto, durante su gestión hubo muchos señalamientos de reporteros y fotógrafos, incluso de conductores de radio y televisión, en el sentido de que, a la divulgación de un comentario crítico contra el gobierno, seguía una llamada de la ‘madame’ exigiendo su inmediato despido, so pena de cancelar la contratación de cualquier espacio publicitario en el medio que tuviera en nómina al periodista beligerante.
“Gracias a los maléficos oficios de doña Gina, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no pudo reaccionar adecuadamente para detener la escalada de violencia que, hasta el momento, ha cobrado la vida de más de 19 periodistas (si sumamos la de aquellos cuyos cadáveres fueron encontrados fuera de nuestro territorio), y que mantiene en la opinión pública nacional e internacional casi la certidumbre de una presunta participación o complicidad del gobierno estatal en los hechos.
“¿Qué hizo, desde los primeros homicidios de periodistas, la ambiciosa y marrullera exvocera de Duarte? En lugar de encabezar una coadyuvancia así fuera discreta que pujara por esclarecer lo más pronto posible los hechos, permitiendo al gobernador veracruzano una actitud de estadista preocupado por los comunicadores locales, armó rápidamente expedientes para criminalizar a los caídos, atribuyéndoles (sin contar con una investigación ministerial que así lo concluyera) nexos con las bandas criminales, evitando la posibilidad de que una de las hipótesis de sus homicidios fuera su trabajo como periodistas.
“Con ello, intentó que el gobierno estatal buscara zafarse inmediatamente del problema, de aislar el tema social de lo meramente policiaco, de reducir el entramado a un ajuste de cuentas y de condenar a la impunidad delitos que han lastimado profundamente a los veracruzanos, y no solo a quienes formamos parte del gremio”.
Lo que permitió el paso de Gina por la Coordinación General de Comunicación Social en los primeros cuatro años de Javier Duarte, no solo fue corrupción galopante a costa del erario; también contribuyó al estancamiento del periodismo estatal, abogó mediante chantajes, intimidaciones y actos de espionaje a que muchos periodistas prefiriesen migrar a otros sitios o dedicarse a otras actividades profesionales. Muchos de ellos, yacen bajo una lápida tras muertes violentas y crueles; otros no encuentran el descanso porque fueron desaparecidos y no se sabe dónde yacen sus cuerpos; muchos quedaron sin sus empleos.
Por ellos, celebro su detención, y abrigo la esperanza de que su estancia en el presidio se prolongue por años. Ello no llevará sosiego a familiares y compañeros de oficio de los periodistas muertos, pero al menos sentirá en su pellejo lo mucho que buscó para que los comunicadores fueran sometidos por la represión, el homicidio, la persecución, el despido y la anulación de su derecho a la libertad en el ejercicio de sus voces.
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